La iniciativa, promovida por la Asociación Europea para la Transición Digital, ha sido consensuada con Fundación ANAR, Save the Children, Dale una Vuelta, iCMedia y Unicef. Además, cuenta con el apoyo institucional de la Agencia Española para la Protección de Datos.
Madrid, 22 de junio de 2023. A tres días del segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (popularmente conocida como LOPIVI),seis entidades de la sociedad civil -la Asociación Europea para la Transición Digital, promotora de la iniciativa, Save the Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale la Vuelta y Unicef- han presentado hoy una propuesta de Pacto de Estado acerca de la protección de los menores de edad en internet y las redes sociales. La iniciativa, que cuenta con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se enmarca en el inicio de la presidencia de la UE por parte de España, y ante la próxima celebración de las elecciones generales del 23-J.
El punto de partida de esta iniciativa ha sido la preocupación compartida sobre los riesgos que afrontan niños, niñas y adolescentes en estos entornos, al utilizar servicios diseñados por y para personas adultas, que pueden afectar a su socialización y potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, además de facilitar situaciones de violencia, como el acoso escolar y sexual. Además, los dispositivos móviles se han convertido en una puerta a contenidos pornográficos, lo que genera una banalización de las relaciones sexuales, sexualización precoz y exposición a contenidos inapropiados. Por último, las entidades firmantes también advierten sobre la captación masiva de datos de niños, niñas y adolescentes, con vistas a su perfilado para la venta a terceros con fines publicitarios.
"Según nuestras investigaciones, siete de cada diez menores de edad han sufrido violencia en entornos digitales", asegura Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children. "Además, estimamos que más de 529.000 jóvenes habrían sufrido ciberbullying durante su infancia, un tipo de violencia que afecta especialmente a las niñas: casi la mitad de las chicas preguntadas había sufrido ciberacoso frente al 33,1% de los chicos. Queremos advertir de que este tipo de violencia se da por primera vez entre los 8 y los 9 años y la persona que acosa es, en un 45,8% de los casos, del centro escolar o una amistad", continúa Perazzo.
Las medidas propuestas por las seis entidades inciden en la necesidad de asumir el problema, formar a profesionales para afrontarlo, y desarrollar la legislación vigente para que todos los actores implicados asuman su responsabilidad ante una población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes.
Save the Children también recuerda el papel que las familias tienen en la prevención de los daños que la infancia y la adolescencia puede sufrir en los entornos digitales. Con afán didáctico, la organización tiene activa su Escuela de Padres y Madres, donde, de forma gratuita, cualquier persona puede encontrar recursos para abordar esta problemática con sus hijos e hijas.
Save the Children recuerda que los derechos de los niños y niñas también deben ser una prioridad en los espacios digitales; su derecho a la información, a la identidad o a la intimidad deben estar muy presentes en cómo se abordan estos retos, y la prohibición y la limitación de sus derechos no puede ser la vía.
"Tras casi dos años de aplicación de la LOPIVI, seguimos viendo como problemas como el acceso en edades muy tempranas a la pornografía o el acoso en internet hacia niños y niñas siguen siendo graves problemas a afrontar. Resulta imprescindible que todos los partidos políticos prioricen la implementación de la LOPIVI y que se garantice que esté dotada de los presupuestos necesarios para ello", concluye Perazzo.
Principales medidas de consenso para un Pacto de Estado
• Obligar a que los algoritmos y sistemas de tratamiento automático estén auditados por terceros independientes y autoridades de control, con relación a la protección de la privacidad, la inexistencia de sesgos discriminatorios, la manipulación, etc. Además, de la misma forma que se hace con los medicamentos, deberán dar información clara y comprensible a los adultos: a quién va dirigido el servicio, quién no debe usarlo, que contraindicaciones tiene en casos especiales, cómo ha de usarse y con qué limites, cómo actuar ante problemas, quién ha verificado su correcto funcionamiento, etc.
• Reforzar la capacidad de control de los organismos responsables de la aplicación de la Digital Services Act (Ley de Servicios Digitales, aprobada por la UE en 2022) en lo que atañe a los menores, como son la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la AEPD.
• Establecer un marco de rendición de cuentas para los directivos responsables de las plataformas de intercambios de vídeos y distribuidores de contenidos que incumplan con el establecimiento de la obligación de verificación de edad.
• Promover la regulación en las Comunidades Autónomas para limitar el uso de los móviles en los centros educativos, y para adecuar el uso de los dispositivos tecnológicos en el aula a pautas por edades.