En los dos últimos años más de 80 niños han quedado huérfanos como consecuencia directa de la violencia de género. La de género es solo uno de los tipos de violencia que sufren los niños en España. Durante el año 2012 (el último del que se tienen datos) se registraron más de 9.000 notificaciones de maltrato en el RUMI (Registro Unificado de Maltrato Infantil), que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este dato es solo la punta del iceberg, ya que la mayoría de los casos de violencia contra la infancia permanecen ocultos.
“Se tiende a pensar que violencia es solo maltrato físico, pero la violencia contra los niños va más allá. Las humillaciones, los insultos, las amenazas, el abandono afectivo o la falta de cuidados también son formas de violencia”, explica Ana Sastre, Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.
Muchos niños sufren en silencio agresiones físicas o sexuales, el acoso a través de las nuevas tecnologías o en el colegio. Situaciones de violencia que ponen en peligro su vida y que, sin duda, están condicionando su desarrollo y su futuro.
Todos los grupos políticos han reconocido la importancia de acabar con la violencia contra la infancia y, desde octubre de 2014, una subcomisión del Congreso trabaja para evaluar la situación y hacer recomendaciones al Gobierno. “Desde Save the Children pedimos un compromiso político para aprobar una Estrategia integral frente a todas las formas de violencia contra la infancia, que cuente con un presupuesto específico y que tenga como eje vertebrador una Ley Orgánica”, añade Sastre.
La ONG ha lanzado una petición online para pedir el apoyo a los ciudadanos y sumar fuerzas para que las fuerzas políticas y el Gobierno promuevan la aprobación de una Ley de medidas integrales que:
- Identifique las distintas formas de violencia, incorporando la definición de Naciones Unidas.
- Defina las situaciones de riesgo y promueva políticas de prevención e intervención.
- Refuerce las funciones del Observatorio de Infancia y establezca un sistema único y eficaz de recogida de datos y análisis.
- Establezca un mecanismo obligatorio de evaluación de políticas de protección contra la violencia y rendición de cuentas periódico ante el Parlamento.