Madrid, 30 de noviembre de 2018. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Save the Children y la Fundación CERMI Mujeres instan al Gobierno español a que prohíba las esterilizaciones forzosas a las que todavía son sometidas las niñas y adolescentes con discapacidad. Para ello, ambas ONG piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que incluya este aspecto en el anteproyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia que está elaborando, y que cumpla con su compromiso de aprobarlo en el Consejo de Ministros antes de fin de año.
Las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo en España víctimas de esterilización forzosa, especialmente las que tienen discapacidad intelectual o psicosocial. Estas esterilizaciones se realizan sin el consentimiento de las afectadas, bien porque no se les informa sobre la intervención, no comprenden sus consecuencias, o se limita judicialmente su capacidad para consentir. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (2010-2016), hay un promedio de 100 resoluciones judiciales que autorizan la esterilización de personas con discapacidad sujetas a incapacidad previa.
El segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal recoge: “No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil”. El Comité de Derechos del Niño en 2007 determinó que la esterilización forzosa de niñas es una forma más de violencia contra la infancia, e insta a su prohibición en los Estados firmantes. Las organizaciones exigen que este párrafo sea derogado en la nueva Ley de Violencia y que bajo ninguna circunstancia las niñas sean obligadas a someterse a una esterilización.
“Forzar a las niñas a esta práctica atenta contra su dignidad y su integridad física y moral”, afirma Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children. “La sociedad debe tomar conciencia de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y dignidad que el resto de la población. Tenemos que garantizar su formación, empoderamiento, autonomía… Esterilizar a niñas contra su voluntad supone un falso intento de protegerlas”, añade Sastre.
Según Jesús Martín, delegado de los Derechos Humanos y para la Convención de la ONU en el CERMI, “no podemos hablar de igualdad ni de inclusión teniendo una mácula tan grande en nuestro ordenamiento jurídico que legitima una práctica tan nociva, que no deja de ser un binomio perturbador en el que conviven el machismo y el estigma hacia la discapacidad, y que lleva consigo la privación a estas niñas de una función esencial corporal, como es la posibilidad de reproducirse sin que hayan tomado la decisión o lo hayan hecho a través de instancias ajenas. Una práctica que además se convierte en muchos casos en la puerta de entrada a abusos y agresiones sexuales contra estas mujeres y adolescentes ya que desaparece la posibilidad de un embarazo”.
Por otro lado, “la esterilización forzosa sigue concibiéndose social y judicialmente como un sistema de garantías y con la exclusiva finalidad y único mecanismo para evitar el embarazo”, denuncia Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. “Si queremos proteger a las niñas con discapacidad la herramienta adecuada es su empoderamiento a través de la formación en derechos sexuales y reproductivos para respetar, con ello, la integridad personal y el respeto al hogar y la familia previstos en la Convención de las Personas con Discapacidad y vulnerados radicalmente en cada una de las intervenciones quirúrgicas realizadas en nuestro país”, lamenta Caballero. Asimismo, CERMI Mujeres alerta de que la mayoría de las niñas con discapacidad desconocen las implicaciones reales de la esterilización, no son conscientes de la renuncia a su derecho a ser madre y de la consiguiente precipitación de enfermedades degenerativas como, por ejemplo, la osteoporosis.
Sobre Save the Children
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
Sobre el CERMI
El CERMI es la organización estatal que vertebra el asociacionismo de personas con discapacidad y sus familias en España, conformado por más ocho mil entidades, y es que es la voz y el altavoz de los intereses, demandas y derechos de estas mujeres y hombres. Una de sus funciones es la de velar para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, en riguroso cumplimiento de la normativa que garantiza nuestra inclusión, igualdad y no discriminación. En este sentido, en el año 2011, el CERMI fue designado oficialmente por el Estado español como mecanismo independiente y de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España.
Sobre la Fundación CERMI Mujeres
La Fundación CERMI MUJERES es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es favorecer las condiciones para que las mujeres y niñas con discapacidad, así como las mujeres y madres asistentes de personas con discapacidad, puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.