.El sistema judicial falla a la hora de proteger a los niños y niñas víctimas de abusos sexuales: son obligadas a declarar hasta 4 veces y algunos procesos se alargan hasta 5 años
.Save the Children considera urgente la especialización de la justicia, incluidos jueces y fiscales
.Los abusos sexuales comienzan a los 11 años y 8 de cada 10 casos son perpetrados por personas del entorno de las víctimas
Análisis “Los abusos sexuales hacia la infancia en España”: https://bit.ly/3DlZjbM
Materiales para medios: https://bit.ly/3wX7Rn2
Madrid, 18 de noviembre de 2021. Con motivo del Día Mundial de la Infancia que se celebra el sábado 20 de noviembre, Save the Children vuelve a alertar en su nuevo análisis “Los abusos sexuales hacia la infancia en España” sobre la gravedad de los abusos sexuales que sufren los niños y las niñas, así como el calvario judicial cuando denuncian.
“En la lucha contra la violencia, la clave está en la prevención. Sin embargo, cuando llegamos tarde, cuando un niño o una niña ya ha sufrido violencia, debemos actuar protegiéndolos, no vulnerando sus derechos de una nueva forma. Por incomprensible que parezca, la infancia y la adolescencia en nuestro país no están teniendo procesos judiciales justos; revertir esta anomalía ha de ser una prioridad”, señala Andrés Conde, director general de Save the Children.
En España, un 44,7% de los abusos sexuales cometidos hacia menores de edad se producen entre los 13 y los 16 años, aunque la edad media en la que los niños y las niñas comienzan a sufrir abusos es muy temprana, a los 11 años y medio. Así lo concluye Save the Children tras analizar 394 sentencias judiciales de abusos sexuales cometidos hacia la infancia entre 2019 y 2020, correspondientes a 432 víctimas. La organización añade que en el 78,9% de los casos las víctimas son niñas y chicas adolescentes.
En cuanto al agresor, Save the Children indica que el 84% de los abusadores son conocidos, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas. Entre los espacios más comunes donde se producen los abusos destaca el entorno familiar con casi la mitad (49,5%) de los casos analizados, siendo la figura del padre la más frecuente.
PERIPLO JURÍDICO PARA LAS VÍCTIMAS
Según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al 2020, la mitad de las denuncias recibidas por abusos y agresiones sexuales tiene como víctima a un menor. En total, se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes.
“Debemos tener en cuenta que estos datos son solo la punta del iceberg. Estimamos que solo el 15% de los casos de abuso sexual llega a denunciarse”, insiste Conde.
Cuando a día de hoy se detecta un caso de abuso sexual, se inicia un proceso judicial doloroso para la víctima: los niños y las niñas han de pasar por múltiples entrevistas, teniendo que narrar su experiencia traumática ante diversos profesionales, exponiéndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio por eventuales contradicciones. En la mayoría de los casos, el proceso empieza en dependencias policiales o de la Guardia Civil, y continúa con pruebas periciales y una exploración por la Fiscalía o en plenario. Save the Children asegura que los niños y niñas declaran de media cuatro veces.
Además, según el análisis de la organización, en casi de 8 de cada 10 casos no se grabó el testimonio del niño o la niña -la llamada prueba preconstituida- para evitar así que tengan que acudir en persona al juicio y revivir el trauma.
“El sistema todavía adolece de graves carencias: la mayoría de profesionales del ámbito jurídico todavía no tienen formación especializada en derechos de infancia y en violencia contra los niños y las niñas, y queda mucho por avanzar en la creación de espacios amigables para que la infancia víctima de violencia pueda prestar su testimonio de forma respetuosa”, concluye Conde.
En cuanto a la duración de los procesos judiciales, se aprecia una mejora respecto a años anteriores: un 63% de los casos estudiados entre 2019 y 2020 no duraron más de dos años, mientras que en el informe publicado por Save the Children en 2017, Ojos que no quieren ver, la media de duración era de tres años. Sin embargo, actualmente sigue habiendo procesos que superan los cinco años lo que demuestra que aún queda margen de mejora.
ESPECIALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Entre las medidas que incluye la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, se recoge que el Gobierno debe elaborar un Proyecto de Ley para la especialización de la justicia “de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad”, para abordar la atención de la infancia víctima de violencia.
Save the Children considera urgente el establecimiento de estructuras judiciales y fiscales especializadas en violencia contra la infancia que se encarguen de las causas penales por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, también cree fundamental crear una Fiscalía específica de violencia contra la infancia que participe en todos los procesos donde existan víctimas menores de edad. Se trataría de una Fiscalía diferenciada a la de menores (protección y menores infractores).
SOBRE SAVE THE CHILDREN
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.
En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.