Save the Children atiende a Cristina y a sus tres hijos e hijas en sus programas de acción social en València.
Pablo Martí – Diodo Media /Save the Children
15 de julio de 2021. Un 31,1% de los menores de 18 años en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo revela el análisis que ha hecho Save the Children a raíz de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece los primeros datos oficiales sobre cómo ha afectado la pandemia a las familias, en concreto a las más vulnerables. La organización advierte de que el número de menores en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en más de 2,5 millones tras la crisis económica y social de la Covid-19.
En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, un 34,8% de los niños y niñas de la autonomía están en riesgo de pobreza o exclusión social. En total, más de 310.000 niños y niñas estarían en una situación de pobreza en la autonomía, lo que supone un aumento de más del 2,4% respecto a los datos del año anterior.
La organización señala también que en este territorio un 29,3% de la población en general está en riesgo de pobreza o exlcusión social, una diferencia de más de cinco puntos con los datos de población menor de 18 años, lo que vuelve a situar a la infancia como un colectivo especialmente vulnerable frente a la pandemia.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2020
En su análisis, Save the Children también considera relevante el incremento de niños y niñas menores de 18 años que hay viviendo en pobreza severa, que sube de un 13% a un 14,1% en España. En la Comunitat Valenciana esta tasa ha aumentado del 14,9% al 19%, lo que implica que ahora hay cerca de 170.000 niños y niñas en esta situación, casi 38.000 más que hace un año.
“Los datos que hemos conocido hoy evidencian el fuerte impacto de la pandemia en uno de los colectivos más vulnerables: la infancia en situación de pobreza. Si no queremos comprometer el presente y el futuro de estos niños y niñas, es necesario que se sigan implementando y reforzando medidas para combatir la pobreza infantil”, asegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.
Al analizar qué políticas se están llevando a cabo para erradicar la pobreza infantil, la organización destaca que el porcentaje de gasto público en familia e infancia en España es bajo en comparación con la UE y poco efectivo. Actualmente solo se invierte el 1,3% del PIB en prestaciones familiares, frente al 2,2% de media de los países de la UE, y las prestaciones sociales existentes solo reducen la pobreza infantil en 5,2 puntos porcentuales (la cifra más baja de toda la UE). En este punto, Save the Children recuerda que el coste medio para poder criar a un niño o niña en condiciones dignas es de al menos 500 euros mensuales, aproximadamente 6.000 euros anuales.
Para combatir la pobreza infantil, Save the Children propone mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que debería extender su acción hacia jóvenes extutelados y reforzar la cantidad de la prestación en las unidades de convivencia con hijos e hijas menores de edad a cargo. La organización indica que, aunque en este último año se han producido pasos importantes en la lucha contra la pobreza infantil y el IMV se ha erigido como un instrumento para aliviar las situaciones de pobreza severa, su despliegue está siendo demasiado lento para paliar las necesidades de un número importante de hogares, especialmente tras los estragos de la pandemia. Según los últimos datos oficiales, de mayo 2021, el IMV tan solo ha llegado a 260.206 de los 850.000 hogares previstos, apenas un 30% del objetivo declarado por el Gobierno en junio de 2020.
En la Comunitat Valenciana apenas 31.000 hogares han recibido el IMV, de los cuales sólo 19.000 tienen niños y niñas a cargo. En total, 33.720 niños y niñas de la autonomía serían beneficiarios de esta prestación.
Por otro lado, y en el contexto de reforma de nuestro sistema fiscal, Save the Children define como una oportunidad la introducción de deducciones fiscales reembolsables por hijo o hija a cargo, una medida que beneficiaría a las familias independientemente de su obligación de tributar y que alcanzaría también a las rentas más bajas, algo que ahora no está sucediendo. La organización pide que esta medida y las anteriores se integren en la futura Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias anunciada por el Gobierno.
Asimismo, Save the Children cree que España debe aprovechar el impulso de la Garantía Infantil Europea, que insta a asegurar el acceso gratuito o, cuanto menos, efectivo a servicios básicos para el desarrollo de la infancia como la sanidad, la educación 0-3, la educación infantil, la vivienda o la nutrición. La organización considera que las acciones que habiliten este instrumento deben concretarse en un Plan de Acción Nacional y deben contar con la experiencia de las entidades de infancia que conocen las necesidades de los niños y las niñas.
A nivel autonómico, algunas de las propuestas que pueden ayudar a combatir la pobreza infantil son:
- Ampliar la cobertura y mejorar la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión, priorizando a las familias con menores a cargo y monoparentales. Se debe reconfigurar la RVI para dar cobertura a todas las familias con hijos a cargo en situación de pobreza que quedan fuera del IMV, y aumentar las cuantías percibidas por las familias con hijos a cargo beneficiarias de la prestación que se encuentren en situación de pobreza severa.
- Aumentar los recursos disponibles y especializados en el sistema de servicios sociales, asegurando que se pueda dar una respuesta adecuada a las necesidades de las familias en situación de pobreza y exclusión social.
- Garantizar las medidas que favorezcan la adaptación de horario y reducción de jornada laboral para el cuidado de niños y niñas durante la pandemia. Se debe abordar la reforma de la regulación del tiempo de trabajo y de la conciliación laboral y familiar con perspectiva de género, priorizando a las familias con mayor vulnerabilidad, especialmente a las monoparentales.
- Seguir incrementando las plazas para garantizar un acceso universal progresivo a educación infantil de 0 a 3 años, priorizando a los niños y niñas en situación de pobreza o exclusión social.
- Continuar implementando planes de refuerzo educativo con recursos y amplitud suficientes para garantizar su eficacia y reducir el desfase educativo, especialmente entre el alumnado más vulnerable.
- Ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social como forma de hacer frente a las crisis habitacionales derivadas de desahucios, impagos u otras situaciones de vulnerabilidad económica y exclusión social. La presencia de niños y niñas debe ser, en todo caso, un elemento prioritario para la atención de tales emergencias.
“Muchas de estas medidas ya han sido recogidas en diferentes documentos oficiales y cuentan con el apoyo de la gran mayoría de los grupos políticos, como el dictamen de la mesa de reconstrucción de les Corts. Por tanto, si queremos defender a la infancia más vulnerable y que ningún niño o niña se quede atrás, es fundamental que se pongan en marcha con la máxima urgencia y el máximo alcance posibles”, concluye Hernández.
Desde el inicio de la emergencia por coronavirus en España Save the Children puso en marcha la intervención #ATuLado para apoyar a los hogares más vulnerables a través de transferencias de efectivo, refuerzo escolar y atención psicológica.
Sobre Save the Children
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
En la Comunitat Valenciana y en España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.