POR UNA LEY VASCA DE EDUCACIÓN MÁS AMBICIOSA Y CONCRETA, A LA ALTURA DEL ACUERDO, PARA LA EQUIDAD Y LA DESEGREGACIÓN
Euskadi tiene un lugar destacado en el triste ranking de la segregación escolar: el mayor nivel de segregación por origen migrante de todo el Estado y la segunda segregación socioeconómica más elevada. Esto significa que el derecho a recibir una educación en igualdad de oportunidades no se está respetando. Y además, el bajón demográfico y la inmigración nos sitúan ante una ineludible transformación del mapa social y también escolar, y la situación empeorará si no se actúa de forma decidida.
El Acuerdo Educativo representó, especialmente por sus 43 medidas, una oportunidad histórica para algunos cambios que necesita la educación vasca. Supuso un hito aglutinando el apoyo del 91% del Parlamento Vasco, formaciones políticas que representan al 89% del electorado.
Save the Children y Zubiak Eraikiz consideramos que la nueva Ley Vasca de Educación debe estar a la altura de la ambición del Acuerdo en materia de segregación y dar un paso más en la concreción de las medidas. El borrador de anteproyecto que se ha conocido no responde a las expectativas. Es inconcreto, contradictorio o ambiguo en aspectos que son clave del Acuerdo, como los mecanismos de escolarización frente a la segregación, los recursos por necesidad o los requisitos y procesos para ser parte del Servicio Vasco de Educación, y, sin embargo, detallado en otros.
Los decretos y las órdenes pueden cambiar a voluntad del gobierno, las leyes permanecen. Una ley con vocación duradera –la actual ha durado 30 años- debe reflejar las prioridades políticas sobre las que hay consenso, y se ha constatado con claridad en el Acuerdo que casi la totalidad del arco político representante de la sociedad vasca entiende que la equidad y la lucha contra la segregación es una prioridad y tiene claras las medidas. La ley vasca no debería ser menos ambiciosa que la ley estatal o la catalana, y así es en este momento. Creemos que la nueva ley debe ser el paraguas que garantice derechos, fije un marco claro, coherente y sólido de herramientas y mandatos a la Administración, del que emanen los decretos. En concreto, la nueva ley debería, entre otras cosas:
- Incorporar de forma explícita los mecanismos de acceso y admisión para la escolarización equilibrada que debe desarrollar la administración para evitar la segregación escolar (doble lista o reserva de plaza, máximo de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por centro, ampliaciones y reducciones de ratio, criterios en el baremo de admisión, adscripciones, distribución equilibrada de matrícula viva, en especial esta última, ausente de la ley y del decreto).
- Incluir la creación de oficinas locales de escolarización, a nivel de zona/circunscripción o municipio.
- Definir requisitos concretos y verificables para que los centros concertados puedan ser considerados “de interés social” y ser parte del Servicio Vasco de Educación (gratuidad, no lucro, compromiso contra la segregación, escolarización de proximidad, interés para la equidad y la cohesión) y establecer un período transitorio para la incorporación de los centros en este momento concertados, que no será automática sino condicionada al cumplimiento progresivo de las obligaciones (disposición transitoria para terminar con la actual política de concertación universal).
- Especificar los mecanismos de control concretos para hacer efectiva la gratuidad de los centros del Servicio Vasco de Educación (unidad administrativa responsable de la auditoría; autorización previa de actividades y servicios y precios para renovación del concierto; precios máximos...).
- Vincular la asignación de recursos a los centros al índice de complejidad educativa (ICE) / índice de vulnerabilidad (IV) y, a su vez, al contrato-programa, que debe estar orientado específicamente a actuaciones y proyectos de equidad, cohesión social y reversión de las situaciones de segregación y desventaja social, de forma que la autonomía no se traduzca en competición.
- Ordenar el desarrollo y análisis de indicadores y datos anuales de segregación y equidad a nivel local, a través del Instituto Vasco de Evaluación, Investigación y Prospectiva, y una Subcomisión Técnica del Acuerdo, que permitan gestionar la planificación y escolarización y dar seguimiento a los avances.
- Desarrollar los principios rectores y políticas educativas (como políticas docentes, políticas de dirección, políticas curriculares, políticas de evaluación y recursos) que van a sustentar el desarrollo de la Estrategia para la Escuela Pública Vasca, en que debe sustanciarse su protagonismo en el sistema, en términos cuantitativos y cualitativos. La Escuela Pública, como garantía de cohesión social, necesita recursos, materiales y humanos, pero principalmente necesita un proyecto que mejore su calidad y amplíe su perímetro.
Se ha pasado de la negación al reconocimiento político del problema. Ahora toca pasar del inmovilismo a las soluciones, a políticas educativas valientes, ambiciosas y eficaces. Para cuidar el Acuerdo Educativo que está empezando a andar, y no frustrar las expectativas, la nueva ley debe suponer la institucionalización del Acuerdo. Démonos el tiempo necesario para alcanzar una norma con alto grado de participación y consenso político y social, para garantizar de verdad el derecho a una educación en igualdad de oportunidades. Está en manos de los partidos, como firmantes del acuerdo, que así sea. Estamos a tiempo.
Bilbao, 19 de noviembre de 2022.
