- Save the Children valora positivamente los avances realizados respecto al primer borrador y comparte los objetivos de equidad e inclusión del Proyecto de Ley.
- El texto actual sigue sin concretar medidas suficientes que garanticen el cumplimiento del Acuerdo Educativo de abril de 2022 en temas como el régimen de conciertos, la asignación de recursos o la admisión sin segregación.
Documento “Valoración Proyecto de Ley de Educación del País Vasco”: https://labur.eus/QykYz
Bilbao, 4 de mayo de 2023.- Tras analizar el Proyecto de Ley de Educación del País Vasco aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 25 de abril de 2023, Save the Children valora positivamente los avances realizados respecto al primer borrador y comparte los objetivos de equidad e inclusión del Proyecto de Ley. Sin embargo, la organización considera que el texto actual sigue sin concretar medidas suficientes que garanticen el “Acuerdo de Bases para la transformación de la educación vasca” aprobado en abril de 2022, que para Save the Children debe ser la base de esta Ley.
“Valoramos muy positivamente el salto dado por el Gobierno Vasco desde la negación al reconocimiento político del problema de la segregación escolar y la inequidad en Euskadi, que se refleja en el texto normativo. Reconocemos que desde el primer borrador se han incorporado cuestiones como la reserva de plaza, el índice de vulnerabilidad, la posibilidad de crear oficinas locales de escolarización, la planificación sin sobreoferta, la publicidad de las cuotas o la unidad administrativa de control de la gratuidad”, comenta Charo Arranz, directora de Save the Children en Euskadi. Añade además que, a pesar de que el Proyecto de Ley es muy concreto en algunas cuestiones (por ejemplo, los apartados que deben contener los contratos programa o la creación de un sello de calidad para centros), es ambiguo en otros que son clave del Acuerdo.
“Los principios y propósitos del actual Proyecto de Ley no van acompañados de las medidas concretas para hacerlos efectivos y que la Ley esté a la altura del Acuerdo en temas como el régimen de conciertos, la asignación de recursos o la admisión sin segregación. Necesitamos un texto que fije un marco claro, coherente y sólido de herramientas y mandatos a la administración”, explica Álvaro Ferrer, especialista de Equidad Educativa en Save the Children. La base de esta Ley debe ser el histórico Acuerdo Educativo de abril de 2022, con el apoyo del 91% del Parlamento Vasco, que pone la lucha contra la segregación escolar como uno de sus ejes fundamentales.
Oportunidades de mejora
Save de Children propone diez puntos de mejora a ser tomados en cuenta por todos los partidos del Parlamento para que la Ley esté a la altura del Acuerdo Educativo en su tramitación:
- Definir requisitos concretos y verificables para que los centros concertados puedan ser reconocidos de interés social y entrar en el Servicio Público Vasco de Educación y establecer un período transitorio para la incorporación de los centros, en este momento concertados, que no sea automática sino condicionada al cumplimiento progresivo de las obligaciones.
- Vincular el Índice de Complejidad Educativa (ICE) a la asignación diferenciada de recursos a los centros por necesidad social que establece la Ley Orgánica y el Acuerdo Parlamentario y, a su vez, con contratos-programa para proyectos integrales de mejora y corrección de la situación de los centros de alta complejidad.
- Estamos de acuerdo con que aquellos centros concertados que sean parte del SPVE accedan al contrato-programa, pero sigue sin dejarse claro que el instrumento contrato-programa debe estar orientado a la asignación de recursos extra para la compensación de desigualdades y la mejora educativa como sí ocurre en Cataluña, Asturias o Galicia.
- Incluir una definición actualizada y transparente de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica para facilitar su identificación en los procesos de escolarización y asignación de recursos.
- Incluir entre las funciones del Instituto Vasco de Evaluación, Investigación y Prospectiva (ISEI-IVEI) recolectar datos de la situación de cada territorio en lo relativo a resultados, equidad, segregación, concentración y recursos, conformando un observatorio de equidad e inclusión.
- Establecer un mandato preceptivo para que el Departamento cree las oficinas de escolarización, aunque la implicación del ayuntamiento sea voluntaria. Consideramos que la implicación de los ayuntamientos no debe limitarse a la cesión de espacios y puede ir más allá.
- El control de la gratuidad real y ausencia de lucro de los centros sostenidos con fondos públicos debe ir más allá, incluyendo que la aprobación de servicios y cuotas sea previa, la fijación de precios máximos y su adecuación al coste real.
- Volver a incorporar las ayudas que aseguran el acceso de alumnado desfavorecido a actividades y servicios complementarios, como prevé el Acuerdo, y que han sido eliminadas para hablar de unas ambiguas “medidas para la plena inserción”.
- Descentralizar la planificación de la oferta para favorecer la corresponsabilidad de todos los centros y actores mediante la creación de Comisiones de Planificación a nivel de zona o circunscripción.
- Incorporar entidades sociales y socioeducativas, actores comunitarios y del tercer sector tanto en el Consejo Escolar de Euskadi como en los consejos escolares municipales, en coherencia con la apuesta por la corresponsabilidad educativa, por proyectos educativos comunitarios e integrales de zona y una mayor relación entre educación formal y no formal.
RECURSOS PARA EDITORES
Ponencia “Del acuerdo al anteproyecto de ley. Un análisis”. (2022) Alvaro Ferrer (Save the Children) y Lucas Gortazar (EsadeEcPol).
Manifiesto “Por una Ley Vasca de Educación más ambiciosa y concreta, a la altura del acuerdo, para la equidad y la desegregación”. (2022) Save the Children Y Zubiak Eraikiz .
Mézclate conmigo. Anexo Euskadi. (2018) Save the Children.
Todo lo que debes saber de PISA 2018 sobre equidad. (2018) Save the Children.
Panorámica del Sistema Educativo Vasco 2021. (2021) ISEI-IVEI, Departamento de Educación del Gobierno Vasco.