- Save the Children publica “Aquí no hay quien viva”, un análisis sobre las dificultades de las familias para pagar la vivienda en nuestro país
- Se estima que entre el 70% y el 80% de las familias que sufren un desahucio tienen hijos o hijas a cargo
- Más de 2 de cada 10 menores de edad viven en casas insalubres
- La organización de infancia plantea 7 grupos de propuestas de cara a la ley de vivienda que se está tramitando en el Congreso y a su desarrollo autonómico
Presentación para medios: https://stces.me/3FXwiGy
Recursos audiovisuales: https://bit.ly/3Zm3rmg
Informe y anexos: https://bit.ly/3LXhAn8
Madrid, 28 de marzo de 2023 – El 8,4% de las familias con niños y niñas tiene problemas para pagar a tiempo su hipoteca o alquiler en España, el doble de la media de la Unión Europea (4,3%). En el actual contexto de inflación, de aumento de los alquileres y de las cuotas hipotecarias ante el constante incremento de tipos de interés, España es el tercer país de la Unión Europea (UE) con el mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca -un 6,5%-, sólo por detrás de Grecia e Irlanda, y por encima de la media europea (3,2%), según el estudio “Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España”, que publica este martes Save the Children.
El alza de los precios de las viviendas, especialmente del alquiler, que no han ido acompañados de un aumento de los ingresos de las familias, les están provocando enormes dificultades de pago. Esta sobrecarga afecta a 4 de cada 10 hogares con hijos o hijas a cargo que viven de alquiler. Son aquellos que tienen que destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que supone disponer de menos presupuesto para otras necesidades de la crianza.
“Yo debo ahora mismo tres facturas de luz y una de agua más el alquiler de este mes porque no me llega. Tengo que elegir entre pagarlas o comer”, cuenta Manuela, madre separada de 45 años que vive en Sevilla con sus dos hijos, vivo ejemplo de esta sobrecarga.
Aunque la pandemia trajo consigo las medidas positivas del llamado “escudo social” -centradas en moratorias al pago de alquileres e hipotecas, la garantía de suministro o la prohibición de desahucios-, el actual contexto del mercado de la vivienda podría devolver a muchas familias a situaciones de riesgo. De hecho, se estima que entre el 70% y el 80% de los desahucios - casi 700.000 en España desde 2008- afectan a familias con niños, niñas y adolescentes, según datos de Naciones Unidas.
La crisis de la vivienda en España ha adquirido una dimensión insoportable y genera exclusión a distintos niveles que, en algunos casos, se solapan: territorial, generacional, social o de renta, entre otros.
“2 de cada 10 niños y adolescentes -el 21,4%- viven en casas insalubres, que presentan goteras en el techo, humedad en las paredes, el suelo o los cimientos, o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo. Esta situación repercute en su salud física y mental, afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y a su seguridad”, denuncia Andrés Conde, director de Save the Children.
Escasez de vivienda social y ayudas
España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa, ya que apenas alcanza el 2,5% del total, lo que supone una cuarta parte de la media europea (9,3% del parque). Esta situación se explica fundamentalmente por dos motivos: el bajo presupuesto destinado a la provisión pública de vivienda y porque la política de provisión pública se ha orientado tradicionalmente a financiar viviendas en propiedad y, además, a favorecer su posterior descalificación, lo que provoca que esas viviendas descalificadas dejen de ser protegidas y pasen a ser parte del mercado libre. En este contexto, “se necesitarían un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales”, valora Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, quien añade que su construcción puede abordarse incluyendo a la iniciativa privada.
A esto se añade otro problema y es que el alcance de las ayudas a la vivienda en España es sumamente reducido. En nuestro país hay 1,6 millones de familias con hijos e hijas en situación de pobreza, de las cuales aproximadamente 310.000 sufrieron retrasos en el pago de la vivienda. Sin embargo, en 2020 solo 25.000 familias con niños, niñas y adolescentes a cargo recibieron una prestación para la vivienda.
Las madres solas, las que peor lo pasan
El rostro de una familia que pasa dificultades para mantener su casa es el de una madre sola con hijos a cargo. Hay 158.000 hogares monoparentales -en su mayoría, encabezados por mujeres- de alquiler que soportan una carga a menudo inasumible. De media, estas familias destinan 200 euros mensuales más de los que podrían destinar si establecemos el umbral del 30% de los ingresos como límite del pago máximo destinado a vivienda (sin contabilizar suministros). Con este panorama, una ayuda complementaria de hasta 200€ podría aliviar la carga que les supone la vivienda a todas ellas. Asumiendo una cobertura total, una ayuda de estas características necesitaría un presupuesto anual de 380 millones de euros aproximadamente.
Las familias numerosas también se enfrentan a situaciones de dificultad, y su esfuerzo financiero solo es superado por el de las familias con un solo progenitor.
¿Qué proponemos para mejorar esta situación?
En su análisis, Save the Children hace algunas recomendaciones para paliar los efectos que tiene el pago de la vivienda en las economías familiares. Algunas de ellas son:
- Aumentar los presupuestos anuales para incrementar la financiación de políticas de vivienda que protejan el acceso a la vivienda por parte de familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad
- Automatizar el acceso a ayudas directas a vivienda para las familias perceptoras del IMV, rentas mínimas o similares
- Apuesta por la compra o la rehabilitación de unidades existentes para ampliar la oferta pública de vivienda social
- Garantizar la calificación indefinida de las viviendas públicas, evitando que salgan al mercado privado
- Promover alianzas entre el sector público y el privado que beneficien a las familias con menores ingresos, incorporando a los grandes propietarios de vivienda en el abordaje del problema y estableciendo reservas de suelo, por las cuales un porcentaje de las unidades que se construyan en una promoción privada se destinen a vivienda social.
- Bonificaciones fiscales para la mejora de la calificación energética de los edificios e IVA reducido para la rehabilitación de viviendas particulares.
Save the Children considera imprescindible, además, mejorar la coordinación entre el sistema judicial y los servicios sociales. Además, es importante que cuando haya menores de edad en riesgo de desahucio, el informe de vulnerabilidad sea obligatorio y no optativo, para que sea tenido en cuenta antes de tomar cualquier decisión que les afecte.
Sobre Save the Children
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En España trabaja desde hace más de 20 años buscando mejoras a largo plazo en la situación de la infancia y atendiendo a los niños y niñas más vulnerables, como aquellos que viven en condiciones de pobreza o exclusión social o sufren violencia.