Las organizaciones piden la reactivación de los programas de atención a niñas, retrasados por la pandemia, para evitar que 13 millones sean forzadas a casarse y 2 millones sufran MGF
Madrid, 23 de junio de 2020. La alianza No Quiero, en defensa de los derechos de las niñas y formada por Amnistía Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children, urge a los gobiernos a reactivar los programas de prevención del matrimonio infantil, precoz y forzado y de la mutilación genital femenina, que han sufrido retrasos por la Covid-19.
Las cuatro organizaciones recuerdan que el cierre de escuelas, la inseguridad económica y alimentaria, y la falta de medidas de protección social están asociadas con un mayor riesgo de abuso y explotación infantil, negligencia y violencia de género contra las niñas, de matrimonio infantil, precoz y forzado y prácticas dañinas como la mutilación genital.
En ese sentido, alertan de que el retraso en la implementación de los programas de protección a niñas y adolescentes provocado por la pandemia frenará los avances relativos a la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina (MGF). Y expresan que no solo está en juego el alcance de los ODS si no que se corre el peligro de retroceder en lo ya avanzado.
Desde Chad, Farida Fadoul Nasser, una niña refugiada de 15 años proveniente de la República Centroafricana, acompañada por el Servicio Jesuita a Refugiados, explica: "Aquí muchas niñas han sufrido mutilación y embarazos no deseados. La educación nos protege de eso. Ahora, debido a la pandemia, nos hemos quedado sin escuela y nuestros derechos están en peligro. Existe el riesgo de aumentar los matrimonios y embarazos prematuros y forzados.
Según las proyecciones realizadas por el Fondo de Población para Naciones Unidas (UNFPA), el cierre de las escuelas, la suspensión de los programas para prevenir la MGF y la crisis económica mundial podrían dar como resultado dos millones de casos de mutilación genital femenina y 13 millones de matrimonios forzados que, de otro modo, podrían haberse evitado. Las proyecciones indican también que los meses de encierro podrían sumar 31 millones de nuevos casos de violencia de género contra mujeres y niñas y siete millones de embarazos no deseados.
El matrimonio infantil es utilizado por las familias en crisis humanitarias para reducir su carga financiera, particularmente cuando se paga el precio de la novia, o en la creencia de que es necesario proteger a las niñas de otras formas de violencia de género. En muchos casos, la mutilación genital va de la mano, pues se le practica a las niñas para casarlas posteriormente.
En Burundi, Annick Dusenge, trabajadora psicosocial del programa Ser niña es un derecho, que realiza Solidarité des Femmes con el apoyo de Mundo Cooperante, advierte: “Algunas familias, al quedarse sin trabajo por la pandemia, no pueden hacer frente a todos los gastos, incluidos los de escolarización de sus hijos, así que prefieren dar a sus hijas en matrimonio. Como consecuencia se dan muchos embarazos no deseados en niñas, con efectos negativos en su salud física y emocional”.
En Tanzania, Mawi Zahor, de la organización Hope 4 Young Girls, partner de Mundo Cooperante, relata que la Covid-19 ha supuesto un incremento en el número de niñas que han sufrido mutilación genital: “En la mayoría de las comunidades las niñas han tenido que permanecer en casa durante la pandemia y por ello los padres piensan que tienen pleno control sobre ellas”.
“La mutilación genital femenina constituye una forma de tortura, de discriminación y violencia de género que sufren fundamentalmente las niñas. Vulnera su derecho a la salud, a su autonomía y a decidir sobre su sexualidad y reproducción. Aunque el mundo viene sumando avances en la erradicación de esta práctica y cada año la prohíben más países (Omán, Sudán y Sierra Leona, entre otros), la actual crisis podría estar provocando un aumento”, denuncia Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.
La relación entre cierre de escuelas y violencia contra las niñas
Según la Unesco, 743 millones de niñas no están yendo a la escuela debido a la Covid-19. A esto hay que sumar los 132 millones de niñas de entre 6 y 17 años que estaban fuera del sistema educativo ya antes de la pandemia. La desprotección de las niñas al abandonar la escuela se traduce en casos concretos como el de la región tanzana de Ruvuma, donde en un mes se han dado más de cien embarazos de niñas durante la emergencia.
“Cuanto más tiempo mantengamos a las niñas fuera de la escuela, menos posibilidades tendrán de regresar. La escuela tiene un papel fundamental en la protección y prevención de la violencia contra las niñas, así como de prácticas dañinas. Es fundamental que los gobiernos inviertan en garantizar que cuando las escuelas vuelvan a abrir, las niñas y jóvenes no queden atrás”, expresa Daniel Villanueva, vicepresidente ejecutivo de Entreculturas.
Albán del Pino, director técnico de Mundo Cooperante, asevera: “Estamos a tiempo de exigir y poner en la agenda internacional todos los recursos necesarios para que este tristísimo pronóstico no se cumpla. Cada niña cuenta. Cada niña nos dice: no quiero”.
La pandemia ha afectado al funcionamiento de los programas contra la mutilación genital femenina, ya que normalmente se llevan a cabo en contextos de grupo y las medidas de distanciamiento social no lo permiten; así como al desvío de la atención, los recursos y la labor de los programas sociales y de salud hacia la contención de la pandemia”.
“Con la Covid-19 corremos el riesgo de revertir todo el progreso que hemos logrado, a medida que en algunos países los espacios cívicos se vuelven más restringidos y la atención e inversiones públicas se centran casi exclusivamente en la contención de la pandemia. Esto irá en detrimento de las prioridades esenciales clave, como el acceso de las niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva, educación, servicios de protección social y el espacio para que sus voces sean escuchadas”, añade Andrés Conde, director general de Save the Children.
Medidas contra la MGF y el matrimonio infantil
Las cuatro ONG, bajo la alianza No Quiero, piden a los gobiernos actuar de manera urgente para evitar un aumento de las violaciones de derechos de las niñas y garantizar que sus derechos se respetan tanto durante la crisis sanitaria como después. Reclaman compromisos concretos en sus políticas, y financieros, que aborden la violencia de género que enfrentan las niñas, incluida la violencia sexual y la explotación, el matrimonio infantil, la MGF. Entre otras demandas, solicitan:
Priorizar e integrar la prevención y la respuesta a la violencia de género, incluidas medidas que garanticen el acceso a atención de la salud mental y de salud psicosocial y sexual y reproductiva para niñas sobrevivientes, así como para proteger la seguridad y la libertad de las niñas.
Garantizar una educación de calidad y libre de violencia para las niñas. Las escuelas deben ser espacios protectores y seguros, con infraestructuras escolares inclusivas y adecuadas que promuevan, en la comunidad escolar, la reflexión y toma de conciencia sobre las normas de género desiguales que perpetúan la violencia hacia las niñas.
Velar por que todas las niñas dispongan de acceso a servicios de salud adecuados y dotados del personal y el equipo adecuados; y garantizar que las niñas tengan acceso a las pruebas, el tratamiento y las vacunas de la Covid-19 cuando estén disponibles.
Mantener e incrementar la disponibilidad de espacios seguros y servicios y líneas de asistencia abiertos durante la pandemia que brinden protección a las víctimas en situación de riesgo.
Proyecciones del Fondo de Población para Naciones Unidas
En la actualidad, 200 millones de mujeres han sufrido MGF y debido al incremento demográfico en los países donde prevalece, 68 millones más de niñas corren el riesgo de sufrirla antes de 2030. Los programas que promueven el abandono de esta práctica están teniendo éxito y se esperaba que, con su impulso y con otros factores favorables como el aumento del acceso a la educación, se evitarían 46,5 millones de casos en los próximos treinta años. Estimando un retraso de dos años en el inicio de los programas previstos para 2020 y 2021, la reducción de la cobertura lograda hasta 2030 implicará 2 millones de casos que de otro modo se habrían evitado. Esto representa una reducción de un 33% en los avances alcanzados.
Respecto al matrimonio infantil, el escenario previsto antes de la pandemia era que los programas dirigidos a prevenirlo reducirían en 60 millones el número de matrimonios infantiles de 2020 a 2030. Ahora bien, trabajando en una hipótesis prudente de un retraso promedio de un año en estos programas, se producirán 7,4 millones de matrimonios infantiles que iban a ser evitados. A esto se suma que, si se alcanza un descenso en el PIB per cápita del 10%, se producirán otros 5,6 millones de casos. Estos factores conjuntos provocarían, por tanto, un total de 13 millones de matrimonios infantiles adicionales entre 2020 y 2030 que de otro modo no se habrían producido.