“Que 820.000 niños y niñas no tengan ni lo más básico para vivir con dignidad no puede ser normal en la cuarta economía europea”, dice la directora de políticas de infancia de Save the Children.
Madrid, 20 de noviembre.- "Tener hijos e hijas no puede ser un factor de riesgo para caer en pobreza”, defiende Catalina Perazzo, directora de políticas de infancia de Save the Children, en un país en el que el coste de la crianza alcanza los 672 euros al mes por hijo a cargo. “Si esta cantidad ya es difícil de cubrir para la mayoría de las familias, afectadas por la subida de precios generalizada, es inasumible para las que viven en la pobreza”, añade. Por eso, Save the Children apuesta por crear una nueva ayuda a la crianza, que alcance a todos los niños y niñas hasta los 18 años.
“No podemos ver como algo normal que 820.522 niños, niñas y adolescentes pasen frío en invierno, no puedan alimentarse adecuadamente, o no ponerse gafas aunque lo necesiten, porque eso es lo que significa vivir en carencia material severa”, denuncia la directora de políticas de infancia de la ONG. “Tampoco nos podemos olvidar de ese millón de niños y niñas que viven bajo el umbral de pobreza, y que actualmente quedan fuera de las becas comedor”. Para resolver esta situación, contemplada en el debate de investidura, Save the Children propone establecer un nivel de renta mínimo común a todo el Estado para acceder a las ayudas de comedor escolar, de modo que la cobertura de estas becas pase del 13% actual al 29%, alcanzando así a todos los niños que sufren la pobreza en España.
Además, la organización demanda aumentar el número de profesionales de salud mental para alcanzar las 400 plazas anuales de Psicólogo Interno Residente (PIR), así como doblar las plazas anuales de Médico Interno Residente (MIR) en especialidad de Psiquiatría Infantil, hasta alcanzar las 600. “La salud mental de los niños no puede ser un lujo para quien pueda pagarlo. Tenemos que garantizar los recursos y profesionales necesarios para prevenir, tratar y mejorar la salud mental de toda la infancia y adolescencia, protegiendo a aquella más vulnerable y revertiendo el incremento de trastornos mentales y de conducta producidos por la pandemia”, expone Perazzo. “Si efectivamente se desarrolla un Pacto de Estado por la Salud Mental, las necesidades de la infancia y adolescencia deberán situarse en el centro”, expone la directora de políticas de Save the Children.
No más violencia contra la infancia
“Como país, asumimos que toda forma de violencia contra la infancia es intolerable, y que la sociedad en su conjunto es responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes”, afirma Perazzo. La organización considera imprescindible la especialización de la Justicia en violencia contra la infancia, extendiendo a la vez el modelo Barnahus por todo el país. Este es un modelo de atención integral a los niños y niñas víctimas de violencia donde todos los departamentos que intervienen en un caso se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender a la víctima. Ha de implantarse también figuras de referencia en protección, como, por ejemplo, la del coordinador de bienestar en todos los centros educativos.
Estas tres cuestiones se engloban en la aprobada ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que, además, debe reforzarse con una dotación de presupuestos adecuada y una estrategia aterrizada a todos los niveles administrativos.
Asimismo, el Gobierno debe proteger a la infancia migrante y refugiada, que es especialmente vulnerable, garantizando que los niños y las niñas sean identificados de manera ágil, su edad sea evaluada de manera respetuosa y cuenten con recursos que respondan a sus necesidades especiales con el apoyo cuando alcanzan los 18 años, incluso en contextos de repunte migratorio.
LA EDUCACIÓN, CLAVE PARA ROMPER EL CÍRCULO VICIOSO DE LA POBREZA
En esta legislatura, y tal como se recoge en el acuerdo de gobierno, “es esencial reconocer legalmente el acceso a una plaza asequible y de calidad próxima al domicilio y establecer una responsabilidad de las administraciones de proveer suficiente oferta para responder a la demanda en la educación de 0 a 3 años”. Save the Children cree que, de cumplirse este compromiso, servirá para que todos los niños y niñas, especialmente los más vulnerables, accedan a un nivel educativo que les permita desarrollar todo su potencial.
Del mismo modo, la entidad reclama más esfuerzos para identificar de manera temprana al alumnado en situación socialmente vulnerable, para poder ofrecerles a tiempo refuerzo educativo y acceso a escuelas de verano, actuando antes de que surjan las dificultades. Esta sería una medida clave para evitar la repetición de curso y el abandono escolar, males crónicos de nuestro país y que afectan especialmente al alumnado más vulnerable.
Save the Children recuerda que todas estas medidas deben implantarse en colaboración con las comunidades autónomas, porque gran parte de las competencias en estas materias están transferidas.
“Esta nueva legislatura debe ser la que consolide todos los avances y derechos de la infancia y adolescencia iniciados”, resume la directora de políticas de infancia de Save the Children. La organización de infancia está convencida de que los próximos cuatro años son decisivos para acabar con la carencia material más extrema, desarrollar la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, garantizar el acceso al menos a una comida completa al día a todos los niños y niñas y para proteger a la infancia migrante en España.
SOBRE SAVE THE CHILDREN
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja en más de 115 países salvando vidas, protegiendo a los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
En España trabaja desde hace más de 30 años con programas de atención centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. Estos programas proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica en la que viven no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.