Cuando el joven es el agresor
Propuestas y retos para el tratamiento de jóvenes agresores sexuales
España aprobó a finales del año 2000 la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores que introdujo, entre otras cosas, medidas destinadas a la rehabilitación de menores que han cometido abusos. El reto frente a este avance estuvo en poner sobre la mesa las mejores formas de tratamiento para ayudar y rehabilitar a los jóvenes agresores, para que la ley pudiese ser considerada como una medida eficaz, complementaria a la legislación de los derechos de la infancia.
El estudio Tratamiento de jóvenes agresores sexuales. Posibilidades y retos presenta diferentes propuestas fruto de años de trabajo y debate en España, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y Rumanía.
Los niños y adolescentes pueden cambiar sus conductas
Las investigaciones muestran que, por un lado, muchos agresores sexuales adultos iniciaron un comportamiento “desviado” cuando eran adolescentes y que, por otro, han llevado a cabo conductas sexualmente ofensivas durante muchos años. Existe en estos momentos un consenso entre investigadores y terapeutas sobre el hecho de que el tratamiento en edades tempranas del desarrollo puede evitar que los jóvenes agresores se conviertan en adultos agresores. Los profesionales deben cuidar el desarrollo sexual normal de los niños, pero el comportamiento abusivo debe ser tomado en serio y no se puede confundir con la simple experimentación propia de ese desarrollo.
Dado que sabemos que el salto de ser una víctima a un agresor puede ser muy pequeño, es importante que se considere no sólo a las víctimas sino también a los agresores. ¿Qué es exactamente una víctima y qué es un agresor?”
Ausencia de tratamiento al agresor en España
Cuanto más jóvenes sean los menores que ingresan en prisión, más probable es que reincidan y queden, por lo tanto, atrapados en la rueda del sistema legal”.
El actual sistema legal actual no ofrece tratamiento al agresor sino persecución. Es extremadamente difícil imponer un tratamiento y las intervenciones terapéuticas son prácticamente imposibles. En el informe se reclama el establecimiento de reformas en el Código penal que permitan acortar los límites temporales, el desarrollo de infraestructuras, la unificación de intervenciones legales y sociales, el establecimiento de tratamientos mediante mandato judicial y una definición clara del abuso sexual.
Se precisan mejores herramientas de detección y diagnóstico para evaluar si las agresiones son básicamente sexuales y determinar el tratamiento correcto. España sufre la falta de formación de los profesionales y la falta de apoyo a las víctimas. Por otro lado, el seguimiento sobre los jóvenes agresores en las prisiones es también inadecuado.
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