- Save the Children presenta un análisis en el que revisa sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales contra la infancia en Andalucía y otras zones de España
- En Andalucía, el perfil de la víctima es una niña (en más del 80% de los casos) y tiene entre 10 y 14 años (una de cada dos víctimas se encuentra en esta franja de edad)
- Save the Children recuerda la necesidad de contar con juzgados especializados que garanticen los derechos de las víctimas infantiles de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales
Sevilla, 5 de octubre de 2023. En 8 de cada 10 casos de abusos sexuales contra la infancia el agresor es una persona del entorno familiar o conocida del niño o niña, y el 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual. Son datos del último informe de Save the Children Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España. en el que se han analizado cerca de 400 sentencias judiciales de casos de este tipo de violencia en España, de las cuales 62 pertenecen a Andalucía (repartidas entre Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla).
La organización recuerda que el abuso sexual es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y adolescencia y, además, una de las más ocultas. Según datos del Ministerio del Interior, en 2020 se registraron en Andalucía 2.252 delitos contra la libertad sexual, de los cuales casi la mitad (1.113) fueron cometidos contra niños, niñas o adolescentes. El 76,8% de las víctimas eran niñas, 444 tenían entre 14 y 17 años y 411 eran menores de 14.
“Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15 % de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así”, señala Ana Sánchez, responsable de incidencia social y política en Save the Children en Andalucía.
En Andalucía, el perfil de la víctima es una niña (en más del 80% de los casos) y tiene entre 10 y 14 años (una de cada dos víctimas se encuentra en esta franja de edad). El principal problema que señala el estudio en nuestra comunidad, y en relación con otros casos analizados en el resto de España, es la duración media de los procesos: 1 de cada 4 casos dura entre 4 y 5 años.
Los datos indican también que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta 3 veces en policía, fiscalía y juzgado. En Andalucía, sólo en el 35,59% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones. Además, en el 80,7% de los casos de Andalucía no consta información sobre exploraciones y declaraciones anteriores al juicio, y en el 29% de los casos, la declaración fue la única prueba.
Este es el caso de Carmen Corrales, gaditana de 26 años, que ha denunciado haber sufrido abusos sexuales desde los 10 hasta los 14 años por parte de su abuelo. Carmen tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones siendo todavía menor de edad. “Durante el proceso yo me sentí súper acompañada por parte de mis padres y de mis hermanas, pero por la justicia y demás, no. A mí nadie me acompañó, nadie me indicó dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer… nada. Declaré, pero me sentí bajo presión”, relata.
Una justicia a la altura de la infancia
Save the Children recuerda que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ahora dos años, es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales.
Esto debe concretarse en las siguientes medidas:
• implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia
• creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima
• formación inicial y constante de todos los operadores jurídicos
• la asistencia jurídica a las víctimas, acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando su gratuidad en los casos que marca la ley.
Además, uno de los aspectos básicos de esta especialización de la Justicia es la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas, con el objetivo de eliminar actuaciones y declaraciones innecesarias y evitar la revictimización de las víctimas.
“La mayor prueba de abuso sexual infantil es la declaración de la víctima. Por eso es fundamental disponer de los recursos adecuados para tomar esa declaración y poder usarla en el juicio. No es justo que un niño o niña tenga que contar lo sucedido en más de una ocasión, y vemos cómo hoy en día todavía es una práctica habitual”, afirma Sánchez.
Casas de los niños
Save the Children apuesta también por implantar en todas las comunidades autónomas el modelo nórdico Barnahus (“casa de los niños” en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria.
Desde la apertura de la primera Barnahus en 2020 en Catalunya -en concreto, en Tarragona-, otras comunidades autónomas como Andalucía, Euskadi, Cantabria, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo el mismo camino. Además, el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa sobre la Barnahus en España para los años 2022 a 2024 -desarrollado en estrecha colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030-, tiene como objetivo mejorar el marco legislativo y de políticas públicas para introducir este modelo en las distintas comunidades autónomas.
“En la legislatura pasada ya se impulsaron tres proyectos de ley para reformar el sistema de justicia que eran una oportunidad para poder mejorar la atención a la infancia en la justicia española, pero se quedaron parados. Definitivamente, en estos próximos cuatro años hay que conseguir poner todo el sistema judicial a la altura de los niños y niñas”, añade Perazzo.