Editorial
Por Javier Cuenca, director de Save the Children Andalucía
Los niños y las niñas son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y, por tanto, las políticas que se pongan en marcha deben contemplar la garantía de los derechos que les corresponden.
Tal y como prevé la Convención sobre los Derechos del Niño, las instituciones del Estado tienen el deber de proteger, asistir y representar a todos los niños y niñas, asegurando el acceso efectivo a sus derechos y garantizando su interés superior. Las políticas públicas deben estar dirigidas a la promoción, protección y garantía de los derechos de la infancia, teniendo en cuenta los retos y las problemáticas propios de esta franja de la población. La garantía de los derechos de la infancia es una obligación para todas las administraciones públicas, y son éstas las que deben dar solución a los problemas que afronta la infancia hoy en día. Además, las sociedades que no pongan soluciones a los problemas actuales verán como estos problemas se enquistarán, afectando también al futuro en el que viviremos. No hay que olvidar que los niños y niñas no votan ni participan en los procesos políticos, por lo que son los representantes públicos los que tienen la obligación de legislar para ellos.
A lo largo de 2021 hemos podido comprobar cómo con el compromiso conjunto de los diferentes actores sociales y políticos se ha avanzado en el ámbito de la protección a la infancia, tanto a nivel estatal con la aprobación de la una ley pionera a nivel mundial como es la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (LOPIVI), como a nivel autonómico con la aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía (LIAA), que actualizó la normativa autonómica a las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) en 2015 y que incorporó algún aspecto clave de la LOPIVI.
Aún con todos estos avances legislativos, es obligatorio hacer referencia al grave impacto social y económico que sigue teniendo la crisis de la COVID-19, agravada por la inestabilidad económica y política provocada por la guerra de Ucrania y la inflación generalizada, en las condiciones de vida y el bienestar de niños y niñas, y especialmente de aquellos más vulnerables. Ello exige que sigamos mejorando y profundizando en el marco de garantía de derechos de la infancia, de tal manera que su derecho a un desarrollo pleno se vea garantizado para todos los niños y niñas independientemente de su origen, sexo o situación socioeconómica.
Asimismo, la llegada de los fondos Next Generation EU, del nuevo Fondo Social Europeo Plus y de la Garantía Infantil, han señalado como uno de los pilares de su plan de recuperación la creación de políticas para las próximas generaciones, la infancia y la juventud. Andalucía tiene la oportunidad de materializarlo en actuaciones que brinden mejores oportunidades para la infancia y se traduzcan en un futuro mejor para todos y todas.
Los niños y niñas andaluces conforman un quinto de la población total en Andalucía, por lo que es imprescindible que sus derechos estén en el centro de las políticas públicas y que en las próximas elecciones todos los partidos políticos se comprometan con sus derechos incluyéndolos como prioridad en sus programas electorales. Tenemos la oportunidad de poner fin a las noticias que leerás en este periódico y en www.laoportunidad.es. De proteger los derechos de la infancia. De cambiar su futuro.