- En el caso de España, como país receptor de personas que proceden de países donde se sigue mutilando a las niñas, los esfuerzos están centrados en la prevención, detección y protección de niñas en riesgo de sufrir mutilación genital.
- En Euskadi se estima que 223 niñas menores de 14 años están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina.
Madrid, 4 de febrero de 2022. “En España, la mutilación genital femenina es un problema con una incidencia baja y prevalencia desconocida que afecta a niñas y adolescentes”, explica la directora de incidencia política de Save the Children, Catalina Perazzo. La organización ha estudiado la prevalencia de prácticas nocivas en España, entre las que se encuentra la mutilación genital femenina y que estima que 3.652 niñas están en riesgo de sufrirla, según los últimos datos de 2020 del Ministerio de Igualdad.
La mutilación genital femenina (MGF) hace referencia a “todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos"”, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El análisis se ha basado en el estudio de la información ya existente y en entrevistar a profesionales de distintos sectores: de la administración pública, ONG, sanitario, policial, de mediación cultural y género. “Sabemos que el riesgo de mutilación de una niña que ya haya nacido en España se ha reducido notablemente debido a la activación de mecanismos de detección en los servicios sanitarios y en el ámbito educativo”. Sin embargo, las niñas nacidas en los países que practican la mutilación genital femenina y llegan a España corren más riesgo de sufrirla.
ESPAÑA: CENTRADA EN LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN
En el caso de España, como país receptor de personas que provienen de países donde se sigue mutilando a las niñas, los esfuerzos están más centrados en la prevención, detección y protección de niñas en riesgo de sufrir mutilación genital y en la atención a aquellas que llegaron a España ya mutiladas.
Respecto de las 3.652 niñas que están riesgo de sufrirla, destacan las niñas y adolescentes que viven en las provincias de Barcelona, Gerona, Madrid y Lérida.
PROTOCOLOS PARTICIPATIVOS E INCLUSIVOS
Cada comunidad autónoma tiene su propio protocolo de actuación cuando se identifica un posible caso de mutilación genital femenina y también existe uno nacional aprobado en 2015. “Aunque sigue siendo un tema tabú no solo en las instituciones públicas si no en el propio ámbito familiar, la mutilación genital femenina es un tema que cuenta con una trayectoria de años de investigación e intervención, de debate público a nivel internacional”. Esto, junto con los protocolos existentes y la prohibición de la práctica en algunos países en los que no estaba penada –como Nigeria y Senegal- y saber que en España la mutilación es constitutiva de delito, “ha facilitado en cierta forma el tratamiento de la mutilación con las familias y las madres”, reconocen las mediadoras culturales entrevistadas en el análisis.
El análisis pone el foco en la prevención a través de la detección temprana en las consultas pediátricas, ya que hasta los 14 años acuden regularmente a las citas, y establecer un vínculo de confianza con la familia resulta esencial para tratar el tema, sin criminalizar pero con el objetivo de prevenirlo. “Los protocolos deben ser conocidos y participativos en la elaboración y no solo con la participación del ámbito sanitario”.
DATOS OFICIALES PARA ATAJAR EL PROBLEMA
Uno de los principales obstáculos para atajar el problema de mutilación genital femenina en España es la falta de datos, porque los números son estimaciones, pero también la manera en la que se utilizan y analizan. “Actualmente, los registros administrativos no se emplean de forma eficaz; la recopilación de los datos no se hace de forma sistemática; existe una falta de desglose en los registros; apenas se realiza una centralización de los datos; y los profesionales que codifican y evalúan la mutilación genital femenina no cuentan con toda la formación”.
Como en cualquier tipo de violencia, “necesitamos un diagnóstico válido y una recopilación de datos tal y como prevé la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia”, aprobada la pasada primavera. Además, la recopilación de información y de datos estadísticos “nos aproximarán aún más a la realidad para adaptar las políticas, incluyendo el seguimiento y evaluación de los protocolos según se vaya viendo la evolución de esta violencia en nuestro país”, dice Perazzo.
EN EUSKADI
Se estima que 223 niñas menores de 14 años están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina en Euskadi siendo Bizkaia la que más niñas en riesgo presenta (96), seguida por Araba (81) y Gipuzkoa (46), según el estudio llevado a cabo por la Fundación Wassu-UAB, en 2019.
Según los últimos datos publicados por Osakidetza, entre los años 2018 y 2019 se detectaron en la CAPV 21 niñas que habían sufrido mutilación genital femenina con anterioridad a la migración. En total se identificaron 129 casos de mujeres y niñas en ese período.
LA CRISIS COVID-19 ACENTUÓ LA DESPROTECCIÓN
La crisis sanitaria y social por la pandemia ha acentuado la inseguridad y desprotección que viven muchas personas vulnerables y, por tanto, muchas y muchos menores. La obligatoriedad de permanecer en los hogares durante los primeros meses de la pandemia aumentó la exposición de menores y adolescentes a situaciones de riesgo que ya se daban en el ámbito familiar.
Sin tener datos oficiales, si se cree que, debido a la delicada y estresante situación en los centros hospitalarios, “ha habido más dificultad para controlar casos de mujeres ya mutiladas que han tenido hijas durante este tiempo, sobre todo, durante los primeros meses de 2020”.
RECOMENDACIONES PARA ERRADICAR ESTA PRACTICA
La mutilación genital femenina es una práctica más dentro del paraguas de la violencia de género. “Es un acto de violencia contra niñas y mujeres sin ningún tipo de beneficio en la salud, sino todo lo contrario, con graves consecuencias a nivel físico, mental, sexual y de salud reproductiva y que, incluso, puede provocar la muerte”.
“Se han realizado avances pero debemos seguir avanzando y no olvidar todos los tipos de violencia. Es fundamental que en el marco de intervención participen los distintos agentes implicados, como el educativo, sanitario y servicios sociales, incluir la perspectiva intercultural y de género -una visión constructiva, de respeto y comprensión mutua-, la incorporación de mediadores culturales, y un trabajo previo con las familias para la sensibilización y formación entre todos los profesionales”, aclara Perazzo.
La directora de Incidencia Política añade que la propia ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia recoge herramientas para actuar frente a esta y que en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia se especifica que aterrice a nivel autonómico y local. En la misma línea, “se debe tener en cuenta la mutilación genital femenina desde esta perspectiva integral para abordarla como una forma de violencia de género que afecta a niñas y adolescentes, aunque muy especialmente a niñas de menos de 14", concluye Perazzo.
SOBRE SAVE THE CHILDREN
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países, y en Euskadi está presente desde hace más de 15 años, proporcionando apoyo educativo, y actividades de ocio y tiempo libre a más de 500 niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social en Bilbao, Barakaldo y Vitoria-Gasteiz.
En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.