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Sevilla, 14 de diciembre de 2021- La pandemia ha traído a la vida de niños, niñas y adolescentes nuevas preocupaciones, miedos, infelicidad y ha puesto de manifiesto la magnitud de los problemas de salud mental que sufren los niños y niñas en nuestro país. Así lo corroboran los datos de Save the Children en su informe “Crecer Saludable(mente). Un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y la adolescencia”: los trastornos mentales han aumentado en Andalucía del 1,7% a un 3,7% (del 1% al 3% a nivel nacional) en niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 14 años y del 3,2% al 6,3% (del 4% al 7% a nivel nacional) en el caso de los trastornos de conducta, en comparación con los últimos datos oficiales disponibles de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2017.
Tras realizar una encuesta a nivel estatal a 2.000 padres y madres (362 en Andalucía) sobre la salud mental de sus hijos e hijas, el informe señala que la incidencia de estos problemas es tres veces mayor (10%) en las familias andaluzas sin empleo que entre la infancia y la adolescencia que vive en familias que han conservado el empleo (3%) tras la crisis de la COVID-19. Los datos serían idénticos a nivel nacional. Además, los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares con bajos ingresos en Andalucía tienen una probabilidad 5 veces mayor (14%) de sufrir trastornos mentales y/o de conducta que los que viven en hogares de renta alta (3%). También en los hogares más pobres se concentra una mayor proporción de infancia migrante que presenta una mayor incidencia de trastornos mentales y/o de conducta.
“Estos problemas no han llegado con el virus, pero la COVID-19 sí ha puesto sobre la mesa la urgencia de cuidar de nuestra salud mental y especialmente la de la infancia y la adolescencia que vive en los hogares más pobres y vulnerables. Preocupa también que, a pesar del aumento de la incidencia, los diagnósticos médicos hayan disminuido este año de forma significativa en relación a 2017 por la saturación de los servicios sanitarios debido a la pandemia”, asegura Javier Cabrera, director en funciones de Save the Children en Andalucía.
En este sentido, Judith, una adolescente sevillana de 18 años que ha estado varios años en los programas de Save the Children, confiesa que la pandemia ha agravado su salud mental, pero que desde los 11 años lleva sufriendo depresión, ansiedad y trastorno adaptativo, y que, a pesar de ello, le daban cita cada tres o cinco meses.
Como ya ocurría en la ENS 2017, nuestra encuesta corrobora que, a partir de los 8 años, tanto en Andalucía como a nivel estatal, los trastornos mentales se concentran más en las niñas y los de conducta en los niños. Además, los trastornos mentales son mucho más frecuentes entre los mayores de 12 años (un 58% de los casos en Andalucía, más que la media española de 45%), mientras que los de conducta aparecen en edades más tempranas (un 44% en Andalucía y un 38% en España).
El tabú del suicidio: el desenlace más dramático
En Andalucía en 2020 se suicidaron 67 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. Muchas veces, la detección del pensamiento suicida se produce cuando el problema ya está muy avanzado o es incluso demasiado tarde. Según los resultados de nuestra encuesta, en Andalucía, un 4% de niños, niñas y adolescentes han tenido pensamientos suicidas en 2021 (un 3% a nivel estatal).
Si bien las niñas parecen más afectadas por pensamientos o intenciones suicidas, son los niños quienes terminan por cometer en mayor proporción este acto (3,9% frente al 4,2% en Andalucía; 3,1% frente al 3,2% a nivel nacional). Las intenciones de suicidio se incrementan a medida que los niños y niñas alcanzan la adolescencia y los porcentajes son mayores en las familias con rentas bajas. Además, los niños, niñas y adolescentes víctimas de bullying (victimización por pares) tienen 2,55 veces más riesgo de intentos de suicido que los que no lo han sufrido. En el caso del ciberbullying, el impacto es todavía mayor.
El acceso a la asistencia sanitaria: una carrera de obstáculos
La pandemia ha intensificado los retos a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario y los servicios de salud mental infantojuveniles no están suficientemente dotados para el reto que tienen por delante. Las largas listas de espera –más de un mes, aunque hay Comunidades Autónomas que superan los dos meses como Murcia con 79 días y Madrid con 61 días para acceder a una consulta de psicología clínica- se explican en parte por la falta de recursos humanos especializados. En Andalucía los pacientes, sin distinguir niños, niñas, adolescentes y adultos, tienen que esperar una media de mes y medio para las primeras consultas o las procedentes de Atención Primaria, y hasta dos meses para las interconsultas hospitalarias.
En Andalucía, la ratio de psicólogos por habitante ha aumentado en los últimos años, pues las plazas de psicólogo clínico han aumentado un 32%. Pero hay que destacar que en 2018 la ratio era de 3,2 psicólogos por cada 100.000 habitantes, casi la mitad de la ratio nacional. Por otro lado, la ratio nacional de psiquiatras por habitante se sitúa entre las más bajas de Europa y solo el 60% de los hospitales de la red pública cuenta con atención psicológica. La falta de personal de psicología en el Servicio Nacional de Salud y el aumento de la presión asistencial en la atención primaria llevan a que parte del sufrimiento emocional de los niños, niñas y adolescentes se pretenda mitigar con medicación. También existe un problema de calidad debido a la baja frecuencia de las consultas: hasta 3 meses entre visita y visita, y con una duración muy corta.
Judith lamenta que la medicación que le mandaban como tratamiento la hacía totalmente insensible. “Yo, al menos, creo o creía que necesitaba otro tipo de terapia, que era ponerme pautas o algo más psicológico que psiquiátrico”.
“Las listas de espera para recibir atención psicológica o psiquiátrica se convierten en un cuello de botella al tiempo que el trastorno suele ir empeorando o cronificándose. Es intolerable que el acceso a la salud mental también dependa de la renta. La infancia y la adolescencia más vulnerable debe tener a su alcance recursos públicos y de calidad”, señala Cabrera.
Los retos de la nueva Estrategia de Salud Mental 2022-2026
La Estrategia de Salud Mental aprobada el pasado 3 de diciembre presta especial atención a la salud mental de la infancia y la adolescencia priorizando un modelo de atención integral, con especial énfasis en la prevención.
“El debate generado en torno a la salud mental es enormemente positivo para la desestigmatización. El derecho fundamental a la salud incluye irremediablemente el derecho a la salud mental, por lo que necesitamos políticas públicas eficientes que no dependan de modas y no olviden a la infancia y la adolescencia. Nos preocupa que la nueva Estrategia de Salud Mental no concrete una dotación financiera para su puesta en marcha y se quede en papel mojado”, concluye Cabrera.
Save the Children incluye en su informe recomendaciones para que la Estrategia de Salud Mental implemente sus objetivos. La escuela juega un papel clave en la prevención y la detección temprana, por ello en este ámbito, la organización plantea entre otras propuestas una inversión de 44,6 millones de euros para la formación especializada del personal docente. Asimismo, considera necesaria la formación del personal sanitario en detección temprana de comportamientos suicidas. También propone la puesta en marcha de un teléfono de atención a la salud mental, exclusivo para la infancia y la adolescencia, con un coste estimado de medio millón de euros, así como la mejora de las estadísticas oficiales, necesaria para una prevención más efectiva de los problemas de salud mental y que se ven afectadas por una infradeclaración o mala clasificación de los suicidios.
Asimismo, la organización plantea la necesidad de consolidar la especialidad de psiquiatría y psicología infantojuvenil, duplicar el número de plazas anuales convocadas de Psicólogo Interno Residente (PIR) hasta llegar a las 400 (lo que corresponderían 36 a Andalucía según su población) –con un coste estimado en 31 millones de euros- y duplicar también el número de plazas anuales convocadas del MIR en la especialidad de Psiquiatría hasta las 600 (54 en Andalucía)-con un coste estimado de 12,4 millones de euros-.
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