Con motivo del 32º aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, recordamos los cuatro grandes retos a los que se enfrentan los niños y niñas en España: la lucha contra la pobreza infantil, la violencia contra la infancia en todas sus formas, conseguir una educación de calidad y equitativa y garantizar la protección de los niños migrantes y refugiados.

La Convención de los Derechos del Niño es el acuerdo de derechos humanos más ratificado de la historia con 195 Estados firmantes, entre los que se encuentra España, pero todavía presenciamos cada día cómo millones de niños y niñas viven en una situación de pobreza, sufren violencia o sus derechos son vulnerados sistemáticamente. En nuestro país también existen niños y niñas cuyos derechos, por unos motivos u otros, no se están cumpliendo, y es algo que como sociedad no podemos tolerar. 

Pobreza infantil

Actualmente un 31,1% de los menores de 18 años en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que implica que más de 2,5 millones de niños y niñas se encuentra en esta situación, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los niños y niñas que se encuentran en esta situación se ven gravemente condicionados, ya que los ingresos de estas familias no son suficientes para cubrir algunas de sus necesidades básicas, como pueden ser las relativas a la educación, la sanidad o la vivienda.

Desde Save the Children consideramos relevante que más de 742.000 niños y niñas menores de 18 años en España sufren carencia material severa, lo que implica que forman parte de familias que no pueden permitirse una comida de carne, pescado o equivalentes al menos cada dos días, mantener la vivienda a temperatura adecuada o atender al pago del alquiler o la hipoteca, lo que condiciona gravemente su bienestar.

Aunque en este último año se han producido avances importantes en la lucha contra la pobreza infantil y el Ingreso Mínimo Vital se ha erigido como un instrumento para aliviar las situaciones de pobreza severa, su despliegue está siendo demasiado lento para paliar las necesidades de un número importante de hogares, especialmente tras los estragos de la pandemia. Por ello, consideramos fundamental mejorar el IMV, que debería extender su acción hacia jóvenes extutelados. y reforzar la cantidad de la prestación en las unidades de convivencia con hijos e hijas menores de edad a cargo.

Violencia contra la infancia

Proteger a la infancia frente a cualquier tipo de violencia es uno de los principales retos que España tiene por delante en los próximos años. En 2020 se registraron en España 37.778 denuncias por actos violentos contra niños y niñas, de ellas 5.851 fueron denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y 5.685 denuncias por violencia sexual, según los últimos datos del Ministerio del Interior. En lo que respecta a la violencia que se ejerce por Internet y a través de las nuevas tecnologías, en 2020 se denunciaron 3.430 casos de delitos a través de la red que tenían como víctima a un niño o una niña, como pueden ser el grooming, el ciberacoso o el sexting sin consentimiento. 

Pero la violencia contra la infancia puede ir mucho más allá. En lo que va de año, al menos 11 niños y niñas han muerto en España por causas violentas, entre las que se encuentran por ejemplo las dos niñas de Tenerife, víctimas de violencia vicaria.  

Para abordar esta problemática es necesario que la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se desarrolle a todos los niveles administrativos a través de la Estrategia de Erradicación de Violencia contra la Infancia, que aterrice las medidas de prevención, la detección temprana y la atención integral previstas en la ley. Asimismo, es esencial que se produzca una especialización de la justicia para que se adapte a las necesidades y derechos de la infancia. 

Educación

España es el segundo país de la Unión Europea con peores cifras de abandono escolar prematuro, sólo por detrás de Malta, según el último informe anual de Eurostat. Así, en 2020, el 16% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años no habían completado la secundaria. Además, con la pandemia y el cierre de colegios la mayoría de niños y niñas no pudo seguir el curso pasado con normalidad, lo que tiene consecuencias en la infancia más vulnerable. 

Alertamos también de que la educación infantil de primer ciclo ha sido una de las grandes perjudicadas por la pandemia, a pesar de ser una etapa educativa clave para acabar con la desigualdad. En el último curso escolar se produjo una caída de la tasa de escolarización en la franja de 0-2 años de 5 puntos, pasando del 41% al 36%. Además, son las familias más vulnerables las que menos acceden a este nivel educativo.

Infancia migrante y refugiada

En Save the Children destacamos también el respeto a los derechos de la infancia migrante y refugiada como otro de los grandes retos de nuestro país, ya que se trata de uno de los colectivos más vulnerables. En España a principios de 2021, según los últimos datos oficiales, había 9.030 menores migrantes sin referentes familiares tutelados por la Administración en los diferentes sistemas de protección, cifra que se ha incrementado ligeramente debido a la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado mes de mayo. 

Señalamos 2021 como un año muy importante para la protección de la infancia en movimiento. La reciente aprobación de la reforma del Reglamento de Extranjería ha permitido avanzar en el pleno acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han llegado no acompañados al país y han cumplido la mayoría de edad estando tutelados por los sistemas de protección autonómicos. Sin embargo, también ha habido conflictos entre el interés de control migratorio y el interés superior de niños y niñas, como por ejemplo los procedimientos de repatriación forzosa e irregular llevados a cabo en Ceuta. Procedimientos contra los que finalmente la Justicia se ha posicionado en contra, evidenciando que no fue respetado el interés superior del menor.  

Para nuestra organización es fundamental asegurar un adecuado enfoque de infancia en la gestión del fenómeno migratorio, exigiendo así la aceleración de proyectos normativos y políticos en materia de corresponsabilidad para la acogida de la infancia no acompañada, protocolos para las llegadas marítimas, métodos respetuosos de evaluación de la edad, protección internacional de niños y niñas y de la lucha contra la trata infantil.