PROTEJAMOS A NIÑOS Y niñas DE LA VIOLENCIA
Casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, a la que acceden por primera vez a los 12 años. Los menores de edad están expuestos a una gran cantidad de contenidos sexuales gratuitos, basados en muchas ocasiones en la desigualdad y la violencia.
La pornografía se ha convertido en profesora y consultorio de sexualidad para los y las adolescentes ante la falta de información que reciben y es muy preocupante cómo está impactando en sus relaciones y su desarrollo.
El deseo sexual de muchos jóvenes se está construyendo sobre unos cimientos irreales, violentos y desiguales propios de la ficción, lo que puede llegar a influirles y derivar en conductas peligrosas: cuando intentan imitar lo que ven en los vídeos con sus parejas, no siempre solicitan consentimiento previo y casi la mitad de los y las adolescentes afirman no usar siempre métodos de protección.
En otros casos, los menores se ponen en contacto con una persona desconocida con fines sexuales a través de Internet, lo que les expone enormemente a sufrir violencia online y física. En caso de encuentro real, los y las adolescentes pueden sufrir abusos o una agresión sexual que derive en infecciones de transmisión sexual o incluso en un embarazo no deseado.
ES URGENTE ACTUAR CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Una vez que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia ha entrado en vigor, ahora es clave que sea aplicada y que cuente con los fondos necesarios para ello.
Debemos proteger cuanto antes a los niños, niñas y adolescentes de todos los tipos de violencia a través de la prevención, la sensibilización y la formación de profesionales, además de poner al servicio de los menores víctima de violencia mecanismos de denuncia y reparación de los daños ocasionados.
Esta es la petición que vas a firmar:
Destinatario: partidos políticos y Gobierno de España
La infancia y la adolescencia de España se enfrentan en silencio a graves situaciones de violencia que ponen en peligro su vida y que pueden condicionar su desarrollo. Ante un mundo tecnológico lleno de posibilidades, debemos informar y formar a la población más joven para que cuente con mecanismos de protección que garanticen su bienestar.
La violencia contra la infancia es un problema real que requiere de un compromiso político real. El Gobierno y los partidos políticos deben aprobar una estrategia integral frente a todas las formas de violencia contra la infancia, que cuente con un presupuesto específico y que tenga como eje vertebrador la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
El Estado español tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia y en concreto su integridad física y moral.