no a la guerra contra la infancia
Nunca en los últimos 20 años ha habido tantos niños y niñas viviendo en áreas afectadas por guerras. Cada tres horas, el número de niños y niñas en zonas de conflicto aumenta en más de 10.000. En países como Yemen, Siria, Sudán del Sur o Afganistán las escuelas y otros lugares que deberían ser espacios de protección y desarrollo de la infancia son bombardeados y reducidos a escombros cada día.
El 72 % de las muertes y lesiones de niños y niñas en las zonas de guerra más mortíferas a nivel mundial se deben a atentados suicidas, minas terrestres, municiones sin detonar, ataques aéreos y otros tipos de explosivo.
Además de las consecuencias físicas de las armas explosivas, el bienestar de estos niños y niñas se ve agravado por un profundo impacto psicológico que sufren cada día por culpa de esta guerra contra la infancia.
España, cómplice de la guerra contra la infancia
A pesar de tener una legislación restrictiva en materia de trasferencia de material de defensa y de haber firmado el Tratado sobre Comercio de Armas, España continúa vendiendo armas a Arabia Saudí pese al riesgo de ser usadas para atacar a la población civil, incluidos niños y niñas.
El pasado lunes 13 de mayo zarpó del puerto de Santander un barco saudí, Bahri-Yanbu. Tememos que en él se haya podido cargar material militar. El barco había atracado en Santander tras pasar por un puerto francés donde el día 10 de mayo dos ONG consiguieron impedir que llevara a cabo un cargamento de armas.
España tendría que incrementar la ayuda y asistencia a los niños y niñas atrapados en conflictos armados en vez de vender armas.
Pide al Gobierno que proteja a los niños y las niñas atrapados en conflictos armados y suspenda de manera inmediata todo tipo de transferencia de armas españolas a países en conflicto.
Esta es la petición que vas a firmar
Estimado Ministro de Asuntos Exteriores (Unión Europea y Cooperación)
Naciones Unidas ha constatado y denunciado que, sólo durante 2018, se han producido casi 25.500 violaciones contra niños y niñas en conflicto armado, como asesinatos, mutilaciones, reclutamiento y bloqueo de la ayuda humanitaria. Esta cifra se ha triplicado desde el año 2010 llegando al dato más alto de la historia. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha levantado la prohibición del uso de minas antipersona en el ejército estadounidense, una decisión que traerá consigo graves consecuencias para la infancia de países en guerra.
Escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles están siendo destruidas en ataques con armas explosivas. Según nuestros datos, solo en Yemen una de cada cinco escuelas ha sido destruida y más de 85.000 niños y niñas han muerto de hambre desde que se intensificó el conflicto.
Mientras España juega un papel positivo a nivel global para la protección de la infancia en los conflictos armados, no deja de exportar armas a Arabia Saudí, pese a las graves violaciones del derecho internacional que la coalición liderada por este país está cometiendo en Yemen. Según datos del SIPRI, en 2015 España se situaba como tercer mayor exportador de armamento a Arabia Saudí, solo por detrás de Estados Unidos y Reino Unido.
Por ello le pedimos que:
- Asegure que los niños y sus familias tengan acceso a ayuda humanitaria, pidiendo a las partes en conflicto que permitan el acceso de los actores humanitarios y que se levante el bloqueo de facto que impide la llegada de productos de primera necesidad a la población civil.
- Asegure que los niños y sus familias están protegidos, suspendiendo de forma inmediata las transferencias de armas a cualquier parte en el conflicto.
- Pida que todos los perpetradores de violaciones del derecho internacional rindan cuentas, apoyando investigaciones internacionales independientes sobre las violaciones cometidas por todas las partes en el conflicto y pidiendo a todas las partes que respeten el derecho internacional.
- Incremente de manera significativa el apoyo financiero de España a la respuesta humanitaria en países en conflicto priorizando las intervenciones en materia de educación y protección de la infancia.