Un gran avance hacia la justicia para los niños y niñas Rohingya
Artículo escrito por Michela Ranieri, Técnico de Política Exterior y Acción Humanitaria en Save the Children
Los niños y niñas Rohingyas han sufrido y presenciado atrocidades por las que ningún niño debería pasar. En el norte del Estado de Rakhine, pero también en otros lugares de Myanmar, esta comunidad musulmana lleva años siendo víctima de discriminación y represión por parte del ejercito del país.
A finales de agosto de 2017 la violencia contra el pueblo Rohingya se incrementó brutalmente: miles de niños y niñas fueron asesinados, quemados vivos en sus casas, secuestrados o presenciaron la muerte violenta de algún familiar. Niñas de tan solo 5 años fueron víctimas de una brutal violencia sexual.
Como consecuencia de ello, más de 700 mil personas huyeron a Bangladesh, donde viven desde entonces en condiciones precarias en campos de refugiados hacinados, sin posibilidad de regresar de forma segura a sus hogares. Más de la mitad son niños y niñas, y 6.000 de ellos están solos, ya que han perdido a sus padres en medio de la violencia en Myanmar o en el viaje hacía el país vecino.
Los actos cometidos en Estado de Rakhine son una de las peores atrocidades de nuestros tiempos y constituyen violaciones graves contra la infancia en conflicto armado. Se trata de crímenes tan graves que requieren medidas excepcionales y una actuación por parte de la comunidad internacional para que sean juzgados por instancias internacionales independientes que aseguren que se haga justicia para las víctimas.
Aunque el gobierno de Myanmar haya anunciado que establecerá una Comisión para investigar los presuntos crímenes contra el pueblo Rohingya y para procesar a los responsables, hay indicios que apuntan a que no se trata de un compromiso real. La cultura de impunidad que reina en el país hace impensable que esta Comisión cumpla con los criterios mínimos de independencia e imparcialidad para cumplir con su mandato.
En este contexto, a finales de Septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una histórica resolución, que cuenta con el voto a favor de España y que supone un paso clave hacia la justicia para quienes han sufrido graves vulneraciones de sus derechos a mano del ejército y de otras fuerzas de seguridad de Myanmar.
En ella se establece la creación de un mecanismo independiente con el objetivo de recoger evidencias de las violaciones del derecho internacional cometidas en Myanmar desde 2011 y preparar la documentación necesaria para juzgar a los perpetradores antes tribunales nacionales, regionales e internacionales.
Se trata de un paso clave hacia la rendición de cuentas, pero es necesario garantizar que este mecanismo se dote rápidamente del personal y los recursos necesarios para llevar a cabo su mandato y que su creación no se quede solo en el papel.
Desde Save the Children seguiremos trabajando para que se mantenga alto el compromiso de la comunidad internacional para que los crímenes cometidos contra los niños y niñas Rohingya y sus familias no queden impunes y para que estas atrocidades nunca vuelvan a repetirse.
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