Coordinación entre los profesionales para atender a los niños y niñas víctimas de la violencia

Retomamos nuestra reflexión sobre la necesidad de una ley integral que regule la violencia contra la infancia de mano de Carlos Igual Garrido, Capitán de la Guardia Civil, quien a partir de reveladores datos aborda el centro de la cuestión.

Cuando hablamos de violencia contra la infancia, la primera cuestión que debe preocuparnos es ¿qué sabemos sobre la incidencia de estos delitos en España? Para contestar a esta pregunta podemos recurrir a la estadística publicada por el Ministerio del Interior, según la cual en el año 2013, en España, 38.495 menores de edad fueron víctimas de algún delito o falta. De ellas 17.999 lo fueron de delitos, y 20.496 de faltas.

Aunque esta cifra, en términos comparativos únicamente supone el 3,32% del total de víctimas registradas en 2013, si examinamos detenidamente la naturaleza de los delitos que sufren los menores vemos diferencias notables. Así los menores sufren en mucha mayor medida que los adultos, delitos contra la libertad e indemnidad sexual donde el42,96% de las víctimas son menores de edad, delitos contra las relaciones familiares con el 11,77%, o robos con violencia e intimidación con el 9,41% de menores de edad.

Sin embargo estas cifras, aunque  fiables puesto que reflejan fielmente los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no recogen la totalidad de la realidad sobre la victimización de niños y niñas en España.

Otros profesionales de otros ámbitos, como el sanitario, el educativo, el judicial, el de los servicios sociales o de protección pueden intervenir en casos de violencia contra los menores y su actuación no está contabilizada en estas estadísticas. Para poder intervenir eficazmente en la violencia contra la infancia, es imprescindible conocer la extensión real de este problema, y eso exige una labor de coordinación entre las instituciones que trabajamos en este área.

Además, si tenemos en cuenta que gran parte de los delitos contra los menores tienen lugar en el ámbito familiar, o son realizados por personas del entorno cercano a ellos (profesores, cuidadores, monitores, etc.), la detección de estos delitos resulta mucho más difícil y  por tanto, la colaboración  y coordinación entre todos los profesionales que tienen relación con los niños, ya sean educadores, sanitarios, trabajadores sociales, u otros, es imprescindible para poder conocer una situación de abuso o maltrato.

Para lograr esta coordinación, es necesario el establecimiento de protocolos de actuación que permitan que una víctima sea atendida de forma conjunta, cada profesional en su ámbito y compartiendo la información necesaria para ofrecer a este menor la mejor atención posible.

Pero al hablar de la violencia contra los menores no debemos olvidar a los autores de esta violencia y los recursos que disponemos para evitar que reincidan en sus delitos. Disponer de herramientas legales, al igual que otros países de la U.E., que permitan un control efectivo de las personas condenadas por delitos -especialmente sexuales- contra menores (una vez hayan cumplido su condena) es indispensable para minimizar el riesgo de que estas personas vuelvan a reincidir en sus conductas.  Existen procedimientos de evaluación del riesgo de reincidencia validados internacionalmente que podrían utilizarse, al igual que se utilizan actualmente en casos de violencia de género. Lo fundamental sería establecer restricciones de estas personas a la hora de trabajar en actividades relacionadas directamente con los menores.