La violencia contra la infancia nunca es justificable
Yolanda Román, Responsable de Incidencia política, explica por qué nos vamos mañana con la Agenda de Infancia al Congreso de los Diputados.
No hay excusas válidas ni aceptables. Cualquier tipo de violencia ejercida contra los menores de edad es condenable y más aún si esta proviene de los poderes públicos, que tienen la responsabilidad de respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales.
Existe un consenso prácticamente unánime en la Comunidad Internacional de que los menores de edad deben ser objeto de especial protección. Esto significa que cuando se trata niños y niñas, es necesario redoblar los esfuerzos y la vigilancia para garantizar su bienestar y su integridad física y moral.
En los últimos días, los medios de comunicación han mostrado imágenes de policías utilizando la fuerza contra niños y niñas. No han dejado a nadie indiferente. La imagen de un policía empujando a dos niñas contra un coche contradice y desafía la lógica y el consenso sobre la necesidad de proteger especialmente a los niños frente a la violencia. A la espera de los resultados de la investigación oficial en la que se aclaren los hechos, algunas de las imágenes que han difundido los medios de comunicación plantean ese desafío de manera inmediata porque evidencian una asimetría de poder, información y entendimiento y una desproporción de fuerzas innegable.
Sin duda, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de mantener el orden público, pero el uso de la fuerza es siempre el último recurso y la respuesta debe ser siempre proporcional, adecuada, no excesiva. Es el deber de las fuerzas de seguridad y de los poderes públicos encontrar las fórmulas adecuadas para resolver conflictos y situaciones complicadas sin recurrir a la violencia, sobre todo cuando están involucrados menores de edad.
Es importante que se lleve a cabo la investigación anunciada por la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que los resultados de la misma se hagan públicos pronto y se depuren responsabilidades. Es fundamental para reafirmar ese consenso internacional sobre la obligación de proteger especialmente a los menores de edad y lanzar un mensaje público de tolerancia cero con la violencia contra los niños. Cualquier violencia, del tipo que sea y donde sea que se produzca.
Un nuevo mecanismo para reforzar la protección de la infancia
La polémica por lo sucedido estos días en Valencia coincide con una campaña con la que estamos pidiendo pidiendo al Gobierno español que firme, el próximo 28 de febrero, el nuevo Protocolo de la Convención de los derechos del niño, que prevé la creación de un mecanismo internacional para atender denuncias individuales por vulneraciones de los derechos de la infancia. Si el Protocolo entra en vigor, los Estados que no protejan los derechos de los niños y no respondan adecuadamente ante los abusos podrán ser examinados internacionalmente. El mecanismo será especialmente relevante cuando sean los propios poderes públicos los que cometan abusos contra la infancia, ya que el Estado puede considerarse, estos casos, como juez y parte. Una instancia internacional supondrá una última garantía cuando el Estado no dé la respuesta adecuada.