Tenemos el convencimiento de que todas nuestras propuestas son asumibles por la totalidad de los partidos políticos que optan a la presidencia del Gobierno de España. Los niños y las niñas no votan, pero no pueden estar ausentes del debate político, es decir, de las prioridades para el país.

Dividimos nuestras propuestas en cinco grandes problemáticas: pobreza infantil, violencia contra la infancia, educación, infancia migrante y refugiada y conflictos armados:

1. Aprobación de la Ley de Protección contra la Violencia de la Infancia y Adolescencia.
2. Aumento progresivo de la prestación por hijo a cargo hasta alcanzar, en el año 2022, los 1.200 euros anuales por cada niño o niña (menores de 18 años), condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza.
3. Establecer un único concepto de familia monomarental para todas las administraciones, lo suficientemente flexible como para que se recojan las diversas situaciones en que puedan encontrarse familias de este tipo, pero que facilite el desarrollo de políticas específicas para este colectivo.
4. Poner en marcha un plan de extensión de la educación infantil 0-3 años que priorice el acceso a ella de niños y niñas desfavorecidos.
5. Aumentar la financiación del sistema estatal de becas y ayudas, así como reformar sus criterios para que las ayudas sean un derecho subjetivo en todas las etapas.
6. Desarrollar un plan estatal contra la segregación escolar de manera conjunta con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial.
7. Desarrollar una estrategia integral para la protección de la infancia migrante y refugiada no acompañada.
8. Introducir estándares de calidad mínimos y comunes para todos los sistemas de protección en la Ley de Protección Jurídica del Menor. 
9. Adoptar por ley un nuevo procedimiento de determinación de la edad para estimar de manera holística y garantista la edad de los niños y las niñas migrantes y refugiados que llegan solos y sin documentación a España. 
10. Poner fin a la venta de armas a países en conflicto donde se puedan cometer violaciones graves de los derechos humanos. 
11. Mantener el compromiso de España con la Declaración de Escuelas Seguras y adoptar medidas concretas para su implementación. 

Esperamos que tanto en los programas electorales como en las intervenciones públicas de los líderes políticos se recojan estas prioridades y se produzcan debates productivos sobre lo que suponen. España tiene a su alcance convertirse en un país líder a nivel internacional en la defensa y promoción de los derechos de la infancia. No podemos dejar pasar la oportunidad de poner en el centro de la acción política a quienes más nos necesitan.