Abuso sexual
Niños desprotegidos por las administraciones públicas
Vanessa tenía 16 años cuando fue asesinada tras un intento de agresión sexual.
Ella es una de #LosÚltimos100.
De todas las denuncias presentadas por abuso sexual en el último año del que se tiene registro (2016) más de la mitad tenían a un menor como víctima. Estas denuncias pasaron de 3.502 en 2015 a 4.056 en 2016, según el Anuario del Ministerio del Interior, pero, aunque los datos oficiales aumentan cada año, la mayoría de los casos siguen permaneciendo ocultos. Tan solo un 15% de los abusos son denunciados y de los que entran en el sistema legal el 70% nunca llega a juicio oral.
Según diversas fuentes, entre ellas el Consejo de Europa, entre un 10% y un 20% de la población ha sufrido abusos sexuales en su infancia. En la mitad de las sentencias por abusos sexuales estudiadas en nuestro informe “Ojos que no quieren ver” el abusador es un familiar y en un 30% una persona del entorno.
La errónea percepción de que los abusos no son algo habitual sino una excepcionalidad hace que la detección sea complicada y que sea más probable que el niño o la niña que revele los abusos no encuentre a nadie que en un primer momento le crea. El 72,7% de la población considera que si algún niño de su entorno sufriera abusos lo sabría, sin embargo, el desconocimiento, el miedo o el chantaje por parte del abusador hace que los niños no suelan contarlo. Tampoco existe formación específica para los profesionales que trabajan con menores que les permita detectar los síntomas de que un niño está sufriendo abusos.
El abuso sexual a menores se suele extender de media cuatro años, lo que demuestra que aún no existen las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos.
Que no se detecten, que estos abusos se alarguen durante años o que, aunque se detecten, haya niños que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidos se debe a una serie de fallos y debilidades en la respuesta de las administraciones públicas tanto en la prevención, detección, el proceso judicial como en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas.
Denunciar y llevar el caso a los tribunales tampoco es una garantía de protección para el menor. El proceso judicial dura de media tres años, en los que los niños tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta. Además del trauma que supone para el niño, declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios no sean tenidos en cuenta y el caso sea sobreseído, lo que ocurre en siete de cada 10 procesos, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el niño.
Estas cifras solo ponen de manifiesto la necesidad de crear una Ley que proteja a los niños y las niñas de todas las formas de violencia, incluido el abuso sexual. Pídele al Gobierno que actúe y firma nuestra petición.
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