PROTEJAMOS A NIÑOS Y niñas DE LA VIOLENCIA en internet
LAS ADOLESCENTES NO SE SIENTEN REPRESENTADAS POR EL ROL DE VÍCTIMAS DE GÉNERO
Desde el 2011 hasta el 2022 se han presentado 30.070 denuncias por delitos digitales hacia menores de edad. El 63,5% de esas víctimas eran niñas y adolescentes.
Insultos como “las chicas solo sirven para...” y el tratar a las niñas y adolescentes como objetos sexuales son estas nuevas formas de violencia que se están asentando y cogiendo más fuerza entre los jóvenes.
Los ámbitos en los que una niña o niño hace su vida no son piezas separadas, sino que forman un puzle.
ES URGENTE ACTUAR CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Una vez que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia ha entrado en vigor, ahora es clave que sea aplicada y que cuente con los fondos necesarios para ello.
Debemos proteger cuanto antes a los niños, niñas y adolescentes de todos los tipos de violencia a través de la prevención, la sensibilización y la formación de profesionales, además de poner al servicio de los menores víctima de violencia mecanismos de denuncia y reparación de los daños ocasionados.
Esta es la petición que vas a firmar:
Destinatario: partidos políticos y Gobierno de España
La infancia y la adolescencia de España se enfrentan en silencio a graves situaciones de violencia que ponen en peligro su vida y que pueden condicionar su desarrollo. Ante un mundo tecnológico lleno de posibilidades, debemos informar y formar a la población más joven para que cuente con mecanismos de protección que garanticen su bienestar.
La violencia contra la infancia es un problema real que requiere de un compromiso político real. El Gobierno y los partidos políticos deben aprobar una estrategia integral frente a todas las formas de violencia contra la infancia, que cuente con un presupuesto específico y que tenga como eje vertebrador la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
El Estado español tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia y en concreto su integridad física y moral.