firma contra el abuso sexual infantil
Necesitamos una justicia especializada para proteger a la infancia víctima de abuso sexual
Los abusos sexuales son una de las peores formas de violencia que existe contra la infancia. El simple hecho de que un adulto engañe a un niño para acercarse a él con un objetivo sexual es algo terrible. Sin embargo, entre un 10 y un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia.
En nuestro último informe "Por una justicia a la altura de la infancia" se han analizado cerca de 400 sentencias judiciales de casos de abuso sexual hacia niños y niñas en España. El estudio señala que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años y que en 8 de cada 10 casos el agresor es una persona del entorno familiar o conocida del menor.
Cuando un caso de abuso sexual se denuncia, comienza un largo y duro proceso judicial para los niños y niñas víctimas:
- El proceso dura de media dos años, aunque todavía hay casos en los que dura un mínimo de 5 años.
- Los niños y niñas deben repetir su historia en múltiples ocasiones, teniendo que revivir el trauma, y la mayoría todavía tiene que declarar en juicio.
- Faltan espacios amigables para que la infancia víctima de violencia pueda prestar su testimonio de forma respetuosa.
La mayor prueba de abuso sexual infantil es la declaración de la víctima. Por eso es fundamental disponer de los recursos adecuados para tomar esa declaración y poder usarla en el juicio. No es justo que un niño o niña tenga que contar lo sucedido en más de una ocasión, y vemos cómo hoy en día todavía es una práctica habitual”
Catalina Perazzo, Directora de incidencia social y políticas de infancia.
La nueva ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de justicia: un gran paso, pero no es suficiente
El 19 de diciembre de 2024, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que, entre otras medidas, establece la creación de secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia.
La aprobación de este proyecto representa un hito histórico y el primer paso hacia la creación de un sistema judicial especializado en la protección de la infancia y la adolescencia. Pero este debe ser solo el comienzo: es imprescindible seguir trabajando para garantizar que nuestro sistema de justicia esté realmente a la altura de las necesidades de la infancia.
Para ello pedimos al Gobierno, y especialmente el Ministerio de Justicia:
- Asegurar la especialización de plazas en materia de violencia contra la infancia en todos los Tribunales de Instancia y en todas las Secciones de lo Penal para garantizar que todas las actuaciones judiciales que afecten a la infancia sean realizadas por profesionales con conocimiento específico en la materia: En el modelo aprobado, se establece que la creación de las Secciones en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia sea optativa en función de la carga de trabajo, lo que podría llevar a una cobertura desigual de la especialización en el territorio.
- Extender la especialización a todos los niveles judiciales que intervengan en casos de infancia y adolescencia, incluidos el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Central de Instancia.
- Creación de equipos técnicos en violencia contra la infancia que auxilien a jueces y magistrados, tanto de las Secciones de Violencia contra la Infancia como a otras Secciones cuando la competencia sobre un caso que afecten a niños, niñas o adolescentes recaiga en ellas.
- Integrar el modelo Barnahus en la justicia especializada en infancia, mejorando la coordinación entre los profesionales y asegurando la protección de los niños y niñas a la hora de conducir exploraciones, realizar la prueba preconstituida y evitar que su declaración en el juicio oral, alejándoles de las instalaciones judiciales.